El Gobierno nacional confirmó que durante el mes de febrero se mantendrá sin modificaciones el bono adicional de $70.000 destinado a jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo. La decisión, formalizada a través del Decreto 65/2026 publicado este jueves en el Boletín Oficial, implica una nueva pérdida de poder adquisitivo para los sectores previsionales de menores ingresos, en un contexto de inflación acumulada que ronda el 180% desde la última actualización del refuerzo.
El ingreso adicional, que fue implementado como una herramienta de contención ante el deterioro de los haberes previsionales, permanece congelado desde marzo de 2024. Al no contar con un mecanismo de actualización automática, su valor real se erosiona mes a mes, reduciendo su impacto sobre el ingreso total de los beneficiarios y ampliando la brecha entre el aumento nominal de las jubilaciones y el costo de vida.
Para febrero, la jubilación mínima que percibirán los beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) será de $359.219,42, tras aplicarse un incremento del 2,84%, correspondiente a la inflación registrada en diciembre. Al sumar el bono extraordinario de $70.000, el ingreso total ascenderá a $429.219,42. Sin embargo, el congelamiento del refuerzo hace que la mejora real del ingreso quede por debajo de la inflación acumulada, profundizando la pérdida del poder adquisitivo.
De acuerdo con el esquema vigente, quienes cobran exclusivamente la jubilación mínima reciben el bono completo, mientras que aquellos beneficiarios cuyos haberes superan ese piso acceden a un monto decreciente, equivalente a la suma necesaria para alcanzar el tope resultante entre el haber mínimo y el valor máximo del refuerzo. Este diseño genera, en la práctica, una situación desigual: los jubilados que perciben montos apenas superiores a la mínima reciben aumentos proporcionales menores.
Según los cálculos oficiales, mientras los jubilados que superan el haber mínimo perciben una mejora del 2,84% en sus ingresos de bolsillo, aquellos que dependen del bono apenas alcanzan una suba cercana al 2,3%, producto del impacto diluido del refuerzo congelado. Esta diferencia se traduce en un ajuste real negativo para el segmento más vulnerable del sistema previsional.
La decisión de mantener sin cambios el bono forma parte de la estrategia fiscal del Gobierno de Javier Milei, que apunta a sostener el superávit de las cuentas públicas. En ese marco, el congelamiento de partidas sensibles, como los refuerzos previsionales, aparece como una de las herramientas centrales para limitar el gasto, aunque con consecuencias directas sobre los ingresos de millones de jubilados y pensionados.
Desde distintos sectores advierten que la falta de actualización del bono desvirtúa su función original como mecanismo compensatorio frente a la inflación. Con una suba sostenida de precios en alimentos, medicamentos y servicios básicos, el impacto del refuerzo resulta cada vez más insuficiente para cubrir necesidades elementales, especialmente entre quienes dependen exclusivamente de la jubilación mínima.
Mientras tanto, el debate sobre el esquema previsional continúa abierto. Especialistas señalan que, sin una recomposición integral de los haberes o una indexación del bono extraordinario, el deterioro del ingreso real de los jubilados podría profundizarse en los próximos meses, afectando de manera directa la calidad de vida de uno de los sectores más sensibles de la población.