En medio de las negociaciones de la oposición para unificar los proyectos de desendeudamiento y ante los amagues del oficialismo de presentar una iniciativa propia, los bancos estimaron que ya refinanciaron deudas correspondientes a 500.000 créditos morosos. La cifra surge de los datos publicados por la central de deudores del Banco Central, a partir de la información que reportan las propias entidades.

El dato es utilizado por el sector financiero para sostener que las refinanciaciones voluntarias constituyen una alternativa capaz de atender el problema de la morosidad sin una intervención estatal directa. Sin embargo, las mediciones difieren cuando se analiza la cantidad de personas alcanzadas.

"La forma virtuosa de abordar el tema es mediante refinanciaciones voluntarias, acordadas entre el deudor y los bancos; ya se refinanciaron más de 500.000 créditos bancarios, prueba de que el sistema funciona sin intervención del Estado", afirmó Javier Bolzico, titular de la cámara de bancos argentinos privados y públicos, ADEBA.

Dentro de la cifra informada por los bancos están incluidas las 100.000 refinanciaciones del Banco Nación.

Según EcoGo, en cambio, las refinanciaciones sumaron 386.000 personas en julio pasado, equivalentes al 6,5% del total de deudores morosos si se consideran conjuntamente el sector bancario y las fintech.

La diferencia entre créditos y personas resulta relevante porque una misma persona puede tener más de una deuda y, además, puede registrar obligaciones simultáneamente con bancos y plataformas financieras.

Millones con deudas en bancos y fintech

El escenario de morosidad abarca tanto al sistema bancario tradicional como a las plataformas financieras. Los datos disponibles permiten dimensionar el universo de personas y montos involucrados.

Actualmente se calcula que existen:

• 3,08 millones de personas morosas con deudas por $13,38 billones en el sector bancario.
• 4,25 millones de individuos con irregularidades en sus pagos por $5,09 billones en plataformas financieras.
• El número total alcanza a 5,9 millones de individuos, debido a que una misma persona puede mantener deudas tanto con bancos como con fintech.

Las plataformas financieras manejan, a su vez, una estimación diferente respecto del alcance de las gestiones realizadas para refinanciar las obligaciones. Según el sector, los clientes de las entidades a los que se contactó llegan a 2 millones. Ese universo comprende tanto a quienes acordaron un plan de refinanciación como a aquellos que todavía no cerraron un acuerdo, pero respondieron al contacto de la empresa y manifestaron su predisposición a establecer un plan de pago.

En este último caso, no existen datos registrados por el Banco Central, por lo que la cifra corresponde a las estimaciones de las propias plataformas.

Quiénes buscan frenar los proyectos en el Congreso

Bancos y fintech coinciden en que los índices de irregularidad de cartera deberían mejorar durante los próximos meses. Esa expectativa se convirtió también en uno de los principales argumentos del sector financiero para intentar desalentar las iniciativas que se encuentran bajo análisis parlamentario.

En el Congreso existen alrededor de 50 iniciativas destinadas a aliviar las deudas de familias y empresas. Los proyectos contemplan diferentes mecanismos, entre ellos facilidades de pago de hasta tres años, condonaciones y límites a las tasas de interés. También incluyen propuestas relacionadas con mayores controles e impuestos a los bancos y a las plataformas financieras.

Desde ADEBA cuestionaron especialmente cualquier mecanismo que pueda establecer refinanciaciones obligatorias. Bolzico advirtió: "Si se aprobaran leyes que interfieran en los contratos entre privados imponiendo refinanciaciones compulsivas, se resentiría el crecimiento del crédito en Argentina por muchos años".

La discusión queda así planteada entre dos enfoques. Por un lado, el sistema financiero sostiene que las soluciones deben surgir de acuerdos voluntarios entre acreedores y deudores. Por otro, distintos sectores políticos impulsan mecanismos de alivio que contemplen condiciones específicas para quienes no logran regularizar sus obligaciones.

Un Gobierno que todavía busca una salida

El Gobierno tampoco encontró hasta el momento una salida definitiva frente a la crisis de morosidad. Desde que el problema ingresó de lleno en la agenda política, se sucedieron distintas alternativas y negociaciones.

Entre las medidas exploradas estuvieron las conversaciones con los bancos y las refinanciaciones a través del Banco Nación. A esto se sumó una batería de anuncios vinculados al crédito realizada por Luis Caputo durante los últimos 30 días. Sin embargo, según la información de base, esas medidas no fueron suficientes para cerrar el debate sobre cómo enfrentar el crecimiento de las deudas impagas.

En este contexto, el oficialismo analiza avanzar con un denominado "proyecto tapón", que reuniría un compendio de recomendaciones y normativas del Banco Central o del Ministerio de Economía orientadas a mejorar la transparencia, pero sin introducir cambios de fondo.

"No vamos a meternos en los contratos vigentes", señalaron fuentes de La Libertad Avanza. La alternativa que evalúa el oficialismo busca, de esta manera, intervenir sobre aspectos vinculados con la transparencia y las normas existentes sin modificar las condiciones de los contratos entre privados.

La oposición busca consensuar una iniciativa

Mientras el oficialismo analiza su propio proyecto, los legisladores de la oposición mantuvieron reuniones durante este fin de semana con el objetivo de consensuar una propuesta común.

El cronograma parlamentario contempla reuniones de las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor en la Cámara de Diputados el martes próximo y el de la semana próxima. Posteriormente, está previsto un plenario el 29 de septiembre.

Dentro de la oposición conviven distintas alternativas para abordar el problema. Algunos sectores proponen replicar los planes de alivio que están implementando determinadas provincias. Además, plantean establecer un procedimiento no judicial inspirado en la mediación, con el objetivo de evitar que continúe creciendo la morosidad y sin generar costo fiscal.

Otros sectores impulsan mecanismos más específicos sobre las condiciones financieras de las deudas. Entre esas propuestas aparece la posibilidad de establecer un tope a las tasas, por ejemplo en CER + 2 puntos, junto con la condonación de punitorios. Las diferentes iniciativas deberán encontrar un punto de coincidencia antes de avanzar en el calendario legislativo, mientras el sistema financiero intenta demostrar que la refinanciación voluntaria puede reducir el volumen de deudas irregulares.

La morosidad alcanza nuevos niveles

El debate parlamentario se desarrolla mientras los indicadores muestran un fuerte deterioro de la situación crediticia. Según un informe elaborado por la consultora Eco Go y la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral, la irregularidad medida por monto alcanzó el 18% del crédito en julio.

El indicador significó un incremento de medio punto porcentual en un solo mes y de 10,3 puntos porcentuales en un año. Con este resultado, la irregularidad acumuló 21 meses consecutivos de aumento. La dimensión del problema también puede observarse desde la cantidad de personas afectadas y no únicamente a partir del volumen de dinero adeudado.

Al analizar la proporción de titulares de crédito en situación de mora, el porcentaje trepó al 26,6% del total. Esto representa un aumento de 0,3 puntos porcentuales durante el mes y de 8,3 puntos porcentuales frente a julio de 2025.

Los datos muestran así que el crecimiento de la morosidad no se explica únicamente por grandes volúmenes de deuda, sino también por una expansión de la cantidad de personas que presentan dificultades para cumplir con sus obligaciones crediticias.

El peso de los proveedores no financieros

El informe también pone el foco en los proveedores no financieros de crédito (PNFC) y en la diferencia entre su participación dentro del crédito nacional y el nivel de mora que registran.

"Los proveedores no financieros de crédito (PNFC) explican 14,6% del crédito nacional, pero su mora por monto (31,3%) supera holgadamente la del sistema financiero (15,8%). Su peso y su fragilidad varían fuerte entre provincias", indicó el estudio. La comparación expone una brecha entre la participación de los PNFC en el volumen total de crédito y el porcentaje de mora que concentran por monto.

Mientras representan el 14,6% del crédito nacional, su mora alcanza el 31,3%, frente al 15,8% registrado por el sistema financiero.