Contrarreloj, las autoridades del ministerio de Economía y los técnicos del Fondo Monetario Internacional (FMI) se encamina a alcanzar un acuerdo para reformular el programa argetino. Según explican el Palacio de Hacienda, su titular, Sergio Massa, decidió "mantener una posición firme frente a las demandas" del organismo multilateral que llevó un alargamiento en los tiempos.
En la noche de este martes partirá una misión con destino a Washington compuesta por el viceministro Gabriel Rubinstein, el jefe de Asesores, Leonardo Madcur, y el vicepresidente segundo del Banco central (BCRA), Lisandro Cleri y uno de los directores de la autoridad monetaria, Jorge Carrera.
Con esta misión y por primera vez desde que asumió en su cargo el primero de mayo, el director para el Hemisferio Occidental del FMI, el chileno Rodrigo Valdés negociará cara a cara con los enviados del Gobierno argentino.
Las negociaciones deberán realizarse de manera acelerada ya que se estima que normalmente son necesarias dos semanas desde el momento en que se llega a un acuerdo a nivel técnico y su tratamiento en el Directorio del Fondo para su aprobación definitiva. Y en agosto los directores suelen tomarse vacaciones.
¿Qué pide el FMI?
La línea del FMI sigue insistiendo con la necesidad de llevar adelante medidas de austeridad, en tanto que el ministro Sergio Massa no está dispuesto poner en juego la actividad económica, según señalan en su entorno.
Uno de los aspectos centrales de los pedidos argentinos es que el país obtenga fondos adicionales. En principio, se estima que el FMI podría llegar a enviar -una vez concluido el acuerdo- unos u$s2.000 millones– más los reembolsos estipulados.
La política fiscal es otro de los temas controvertidos. Los técnicos no aceptan la petición del equipo económico de elevar en el orden del 2,5% del PIB la meta del déficit fiscal para el año. Por el contrario, habían planteado la necesidad de una reducción a 1,6% del desequilibrio primario.
La solución a la cual estarían arribando sería intermedia: mantener el 1,9% estipulado en el acuerdo, a pesar de que la sequía tuvo impacto en los ingresos fiscales.
Esta meta de 1,9% -de por si exigente-, implica una fuerte restricción del gasto público que resulta difícil de cumplir en medio de un proceso electoral.
Cabe señalar que desde que se hizo cargo de la conducción económica, Massa viene llevando adelante una política de ordenamiento fiscal. Entre agosto de 2022 y mayo de 2023, el gasto público – en términos reales –se redujo 15,8% al compararlo con igual período de un año atrás, según. A su vez, en los primeros seis meses de este año las erogaciones cayeron 10,4%, según un informe de la consultora Analytica.
Sin embargo, esta disminución en los gastos se vio contrabalanceada por la reducción en los ingresos del Tesoro, fundamentalmente como consecuencia de la sequía que redujo una de las principales fuentes de recursos: las retenciones.
En el primer semestre del año, la recaudación total ha disminuido un 6,2% interanualmente, con caídas significativas en impuestos como Derechos de Exportación que se contrajeron 60%, de acuerdo con un estudio del IERAL – Fundación Mediterránea. En tal sentido, el trabajo señala que "Si el ritmo de ingresos y gastos se mantiene, se espera un déficit primario del 3,4% del PIB al final de 2023, superando la meta acordada con el FMI (1,9% del PIB)".
Diferimiento
Cabe recordar que la semana pasada, el Palacio de Hacienda comunicó al Fondo que unificará los pagos correspondientes a julio a finales de mes, decisión que algunos analistas interpretaron como que no pagará al Fondo hasta alcanzar un nuevo entendimiento que destrabe los desembolsos.
Hasta el momento, el FMI viene demorando el envío de dinero a la Argentina por al menos tres razones. Una es que el país incumplió con las metas del primer trimestre, otra es que la Argentina está pidiendo el adelanto de desembolsos y la tercera es que el organismo está demandando -conforme a su política - medidas antes de realizar giros que el ministro Sergio Massa no está dispuesto a aceptar.
Cabe recordar que, en el último informe sobre el país, el Fondo señaló que el tipo de cambio oficial registraba un retraso de entre 10 y 25%. Economistas locales rechazan la efectividad de una devaluación como la solicitada por el FMI en un contexto de falta de reservas que llevaría, explican, a una suba de precios que terminaría tornando inefectiva la medida y provocaría mayor inflación y pobreza.
En medio de la negociación, se comenta que dentro del Ministerio de Economía se estuvo analizando la letra chica de los acuerdos con el FMI. Al respecto señalan que, si el país dejara de pagar, el incumplimiento recién llegaría a ser grave dentro de seis meses.
Mientras tanto, en el Palacio de Hacienda señalan que el Banco Central cuenta con la liquidez derivada de la renovación del swap de monedas con China para ir sobrellevando la situación.
Se calcula que hasta los primeros días del presente mes se habrían utilizado de swap de u$s 5.000 millones, unos u$s 2.700 millones. Desde Economía señalan que en la última negociación en Pekín se eliminó la cláusula de aprobación del FMI para activar el segundo tramo por otros u$s 5.000 millones de dólares. En suma, la conducción podría contar con unos u$s 7.300 millones disponibles para afrontar la demanda de divisas de corto plazo.
Más allá de estos análisis, que los funcionarios argentinos vayan a Estados Unidos es un indicador clave de progreso en las negociaciones, toda vez que en medios oficiales señalan que "el ministro Massa no estaba dispuesto a autorizar este viaje hasta tanto no estuvieran encarrilados los entendimientos". (Fuente Ambito)
