El Gobierno argentino y Burford Capital expusieron este miércoles sus argumentos en el juicio de la expropiación de YPF durante la primera de una serie de audiencias en las que discutirán dos aspectos: la tasa de interés que regirá para la sentencia en contra de la Argentina y el día que se tomará como referencia para calcular cuánto debería haber pagado el país a los accionistas minoritarios por sus acciones cuando se expropió la compañía de oil & gas en 2012.

La de este miércoles fue la primera de tres audiencias diarias que tendrán lugar esta semana en la U.S. District Court for the Southern District of New York presided over by Loretta Preska. Durante estos días, la jueza escuchará los argumentos de las partes y también a testigos para determinar cuánto deberá pagar en total la Argentina a Burford por la expropiación de la compañía de Oil & Gas. Dependiendo de la decisión final que termine tomando la jueza, el monto podría oscilar entre u$s16.000 millones y u$s4.900 millones.

Lo primero que deberá decidir la jueza es qué tasa de interés se utilizará para calcular el monto de los daños que alega Burford. Los demandantes reclaman que se imponga una tasa de interés entre 6% y 8%, mientras que la Argentina pide que se eliminen los intereses o que, de imponerse, sean acordes con la ley argentina. En caso de que la jueza considere que Argentina debe pagar intereses, los abogados del país ofrecieron estimaciones en base a fallos judiciales en las cortes locales y aseguraron que la tasa debería ser, como máximo, 3.04%.

El segundo punto en discusión, y que ocupó la mayor parte del tiempo de la audiencia de hoy, es cuál se considera la fecha en la cual el Estado debió notificar que iba a hacer una operación de adquisición de YPF y en la cual debía fijar una fecha para hacer la OPA.

De acuerdo a los abogados de Burford Capital, la fecha que debería tomarse como referencia es el 16 de abril de 2012, día en el que se publicó en el Boletín Oficial la intervención de YPF.

Los abogados de Argentina argumentaron que la fecha que debe tomarse como referencia es el 7 de mayo, día en el que se publica en el Boletín Oficial la ley de expropiación que había aprobado el Congreso cuatro días antes. "El 16 de abril se cambió el management de la compañía and this is not about control of the company, it is about control of the share", alegaron los abogados argentinos.

La fecha que se toma como referencia es fundamental porque determina qué cuatrimestres se toman para estimar el Net Income y el P/E ratio, dos componentes fundamentales de la fórmula que determina el valor a pagar por las acciones. Aquí también hay dos discrepancias fundamentales: si debe o no tenerse en cuenta el último cuatrimestre de 2008 (que tiene incluido el impacto de la crisis financiera internacional en el balance de YPF) y cuál es el P/E ratio, que los demandantes estiman en 27 y Argentina lo ubica en un rango entre 17 y 18.

La diferencia de cálculos tiene un impacto fundamental en el monto final que Argentina deberá pagar a Buford Capital. Si se toma como referencia el cálculo más agresivo solicitado por los demandantes (fijar la fecha el 16 de abril e imponer una tasa de interés del 8%), el Estado debería pagar alrededor de US$16.000 millones a Burford. Si, se toma como referencia el cálculo menos agresivo (fijar la fecha el 7 de mayo e imponer una tasa de interés del 0%), el monto a pagar sería u$s4.900 millones.

Los abogados de la Argentina cuestionaron ese pedido. “Piden el triple de los US$5.000 millones que Argentina pagó a Repsol por las acciones mayoritarias”, dijo el abogado defensor del país y explicó que solo el presupuesto de todo el ministerio de salud equivale a US$1.500 millones, que el presupuesto para obras de Agua potable y cloacas es de u$s1.700 millones. "Argentina está en una situación muy difícil, con una inflación alta", argumentaron los abogados.

La discusión de la fecha se enmarca en dos artículos de los estatutos de la compañía. El artículo 7 establece que cualquier adquirente debe hacer una Public Acquisition Offer (OPA) a los inversores minoritarios y establece la fórmula con la cual estimar el monto a pagar por esas acciones. El artículo 28 indica que el Estado argentino debe hacer una OPA en caso de tomar el control de la compañía.

Burford Capital presentó hoy a su primer testigo, el abogado constitucionalista y especialista en derecho administrativo argentino, Alejandro Bianchi. Está previsto que también llamen al estrado otros dos expertos en derecho argentino, Alejandro Garro y Alfredo Rovira. Por su parte, la procuraduría del Tesoro (que tiene cargo la defensa del país), citará a los abogados Rafael Manovil, Alejandro Uslenghi y Alfonso Santiago.

Preska falló en contra de Argentina el 31 de marzo. La jueza consideró que el gobierno debería haber hecho una oferta a los accionistas minoritarios en 2012, en ese momento dos empresas argentinas (Peterson Energía Inversora y Petersen Energía) que luego le vendieron los derechos de juicio a Burford Capital. Preska rechazó el argumento de los abogados argentinos de que los actuales demandantes no podían ser admitidos porque no eran los actuales tenedores de las acciones.

La cita comenzó puntual a las 13 hs de NY (14 hs de Argentina). Primero expusieron los abogados de Burford Capital, luego los representantes de Argentina y después de un breve cuarto intermedio la jueza Preska escuchó a testigos de las partes. Si bien no hay deadline para un fallo de la jueza Preska, una sentencia sobre el monto a pagar podría salir este año, según supo el Herald de una fuente con conocimiento de la situación.

Estefanía Pozzo Editor-in-chief Buenos Aires Herald