El nuevo esquema del mercado eléctrico comenzó a generar fuertes incrementos en los costos que afrontan pequeñas y medianas empresas. Según un relevamiento de Industriales Pymes Argentinos (IPA), algunas compañías recibieron facturas de electricidad que llegaron a cuadruplicar los importes habituales, mientras que otras que habían firmado contratos de abastecimiento terminaron pagando valores cercanos al doble de lo pactado.
La entidad advirtió que el impacto se produce en un contexto de caída de la actividad y del consumo, por lo que los mayores costos energéticos estarían generando endeudamiento y quebrantos entre empresas.
El nuevo régimen comenzó a regir el 1 de noviembre de 2025, a partir de la Resolución 400/2025 de la Secretaría de Energía, que modificó las reglas del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y habilitó a los grandes usuarios a contratar de manera directa energía y potencia.
Según IPA, alrededor de 6000 empresas quedaron alcanzadas por el cambio, pero solamente unas 800 concretaron acuerdos de abastecimiento.
Reclaman revisar los costos de los contratos
Desde la organización señalaron que el problema no se limita a los aumentos, sino también a la manera en que se implementó la transición hacia el nuevo esquema.
Entre las empresas que no contrataron directamente su abastecimiento, IPA relevó casos en los que las facturas llegaron a cuadruplicarse. A su vez, detectó situaciones entre compañías que sí suscribieron contratos, pero que luego afrontaron cargos adicionales que elevaron el costo final hasta valores cercanos al doble de lo acordado.
Estas diferencias derivaron en controversias entre empresas y proveedores.
"Hacemos contratos y terminamos pagando la energía hasta el doble de lo que pactamos. Alguien tiene que intervenir", cuestionó la entidad pyme, que reclamó la intervención del Gobierno nacional.
IPA también señaló que las empresas debieron adaptarse rápidamente a un mercado con nuevas condiciones de contratación, precios y obligaciones jurídicas, mientras intentaban sostener la producción, el empleo y sus compromisos financieros.
Pedido de intervención al Gobierno
La entidad industrial sostuvo que la normativa establecía una transición "gradual, ordenada y previsible", condiciones que, según su interpretación, no se habrían cumplido.
Por este motivo, reclamó convocar a los sectores involucrados y revisar los casos en los que existan diferencias significativas entre los precios contratados y los montos finalmente facturados.
"Estamos obligando a una pyme a convertirse de un día para otro en especialista en contratación energética, cuando debería estar pensando en cómo producir, vender y atravesar la crisis de consumo", planteó IPA.
La organización pidió que los costos derivados de la transición no recaigan sobre las empresas y reclamó mayor información, planificación y previsibilidad en materia energética.
Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.