El proyecto de presupuesto 2026, presentado por el Gobierno de Javier Milei al Congreso, revela que el ajuste de la "motosierra" se mantendrá firme en áreas clave, aunque con un leve aumento del gasto real del 5,9% en comparación con este año. Sin embargo, este alivio no llega a todos. El documento no prevé refuerzos para las jubilaciones, que constituyen la partida más voluminosa del presupuesto.

Las cifras son contundentes: el texto mantiene sin cambios la actualización por la fórmula de movilidad jubilatoria y no se anticipan aumentos para el bono de $70.000 que perciben los jubilados con el haber mínimo. Según la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), esto implica una caída real del 13,5% en la partida destinada a los bonos, un monto que se mantiene congelado desde marzo de 2024.

Por otro lado, la iniciativa propone derogar la movilidad de las asignaciones familiares, que hoy se actualizan automáticamente por inflación. Si el proyecto se aprueba, los eventuales aumentos quedarían a discreción del Poder Ejecutivo, afectando a trabajadores registrados y no registrados que perciben beneficios como la AUH, la asignación por embarazo o la ayuda escolar.

Tarifas y transporte: recortes que impactan en los hogares

Otro dato revelador del proyecto es el profundo recorte de los subsidios al sector energético, lo que podría generar un fuerte aumento de las tarifas de luz y gas para el próximo año. Se asignaron casi $4 billones para este concepto, lo que representa una caída real del 12,4% respecto a 2025 y un drástico desplome del 68,5% en comparación con 2023, según estimaciones de la ASAP.

Mientras se recortan los subsidios a los usuarios, el Gobierno propone un esquema de compensación para las empresas distribuidoras como Edenor y Edesur, por los ingresos que no percibieron por los congelamientos tarifarios.

La iniciativa también propone eliminar la ampliación del régimen de zonas frías, lo que afectaría a tres millones de hogares en provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, que hoy se benefician de una reducción en sus tarifas de gas.

En contraste, el sector del transporte esquivaría el ajuste, con un aumento real del 0,5% en los subsidios al transporte automotor y del 2% en los trenes.

Más presión fiscal, pero con exenciones intactas

En materia impositiva, el presupuesto no anticipa una reforma tributaria, pero sí prevé un alza de la presión fiscal, pasando del 21,30% al 21,77% del PBI. Si bien se estima una fuerte recaudación en el impuesto a los combustibles y a las ganancias, la recaudación del impuesto a los Bienes Personales caería un 24% real, en línea con la política del Gobierno de reducir paulatinamente las alícuotas.

Además, el proyecto mantiene prácticamente intactos los gastos tributarios, por lo que el Estado dejaría de recaudar $35,2 billones (3,42% del PBI) por beneficios fiscales y exenciones, que incluyen desde la exención del impuesto a las ganancias para el Poder Judicial hasta los beneficios del régimen de promoción de Tierra del Fuego.

Un leve alivio para las provincias y obras públicas

Después de casi dos años de recortes feroces, el Gobierno ha decidido aminorar el rigor sobre las transferencias a las provincias. Las transferencias automáticas (coparticipación) tendrían un alza real del 6,5%, mientras que las transferencias no automáticas también crecerían, aunque de forma desigual. Sin embargo, las cifras seguirán estando muy por debajo del nivel de 2023.

En cuanto a la obra pública, uno de los rubros más castigados, se prevé un aumento del 32% real para 2026. A pesar de esto, el nivel sigue siendo un 74,7% inferior al de 2023, según la ASAP. Se destaca una fuerte suba para la Dirección Nacional de Vialidad, pero continúa el ajuste en partidas para vivienda y urbanismo.

La iniciativa, que se discutirá a partir de este miércoles en el Congreso, enfrenta el desafío de la vocación de diálogo del oficialismo, en un contexto de tensión con la oposición y los gobernadores, que ya advirtieron que no tolerarán una tercera prórroga del presupuesto.