El Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA), dependiente de la Universidad Católica Argentina (UCA), publicó su nuevo informe sobre pobreza e indigencia correspondiente al tercer trimestre de 2025. Según el reporte, la tasa de pobreza alcanzó el 36,3% y la indigencia se ubicó en 6,8%, un descenso significativo respecto del mismo período del año anterior y en comparación con 2023, previo a la asunción del presidente Javier Milei.
De acuerdo con el relevamiento, la pobreza disminuyó 9,3 puntos interanuales y 8,4 puntos frente al tercer trimestre de 2023. Sin embargo, el documento introduce una advertencia clave: al corregir la medición por la mejora en la captación de ingresos —un fenómeno metodológico que tiende a subestimar el registro de ingresos reales en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH)—, la caída efectiva sería mucho menor. "La baja real de pobreza durante la gestión actual sería de solo 2,1 puntos porcentuales", subrayó el informe, que proyecta una tasa corregida cercana al 35% para 2025.
El ODSA plantea que alrededor del 75% de la caída informada en los indicadores oficiales desde 2023 podría responder a este ajuste técnico y no a una mejora efectiva en las condiciones materiales de vida.
Un problema estructural que persiste
El informe destaca que, pese a las variaciones coyunturales, la pobreza mantiene un piso estructural que el país arrastra desde hace más de cuatro décadas. En los últimos 20 años, la tasa nunca logró perforar el 25% de la población, incluso en períodos de expansión económica. La indigencia, por su parte, se ha mantenido en torno al 5% como umbral histórico.
El documento repasa la evolución del régimen político-económico post-convertibilidad (2002-2023), que no logró revertir los niveles de pobreza crónica. Según la UCA, un tercio de la sociedad continúa atrapado en un círculo de precariedad laboral, informalidad y dependencia de transferencias públicas que limita cualquier posibilidad de movilidad social ascendente.
Pobreza según hogares, niñez y cronicidad
Entre los datos más sensibles se encuentra la situación de los hogares con niños, donde la pobreza trepa al 48,8%, contrastando con el 10,8% registrado en hogares sin menores. La UCA señala que la niñez sigue siendo el grupo más expuesto a la vulnerabilidad estructural.
El análisis también destaca la persistencia de la pobreza crónica: el 27,6% de la población se mantuvo en situación de pobreza por ingresos durante 2024 y 2025. En los sectores de nivel socioeconómico Muy Bajo, ese porcentaje asciende a 60,9%, lo que confirma la dificultad de esos hogares para superar la privación económica.
Estrés económico, inseguridad alimentaria y salud mental
El informe complementa los datos monetarios con indicadores de privación directa.
—El 46,8% de la población experimenta estrés económico, es decir, la percepción de que los ingresos no alcanzan para cubrir gastos básicos, una cifra muy por encima del piso histórico del 35%.
—La inseguridad alimentaria afecta al 18,7% de los hogares, y el 7,8% enfrenta inseguridad severa. En los sectores de nivel socioeconómico Muy Bajo, esta cifra supera el 40%.
—El malestar psicológico también crece como consecuencia del deterioro económico: el 37,7% de las personas de nivel socioeconómico Muy Bajo presenta síntomas, más del doble que en los sectores medios-altos. Entre quienes padecen estrés económico, el 37,6% también manifiesta afectación psicológica.
El rol de las transferencias sociales
Según las simulaciones del ODSA, sin programas de asistencia estatal la indigencia se duplicaría hasta el 12,8% y la pobreza aumentaría en torno al 20%, alcanzando el 41,8%.
Para la UCA, la reducción reciente en los niveles de pobreza e indigencia responde en parte a la estabilización inflacionaria y a un refuerzo de las transferencias sociales, aunque advierte que "no implican un cambio estructural en las condiciones de vida ni en la alta desigualdad".
