En un movimiento clave para la política económica y la atracción de capitales de gran escala, el Gobierno Nacional ha decidido formalizar la extensión y optimización del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). A través de un anuncio realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, se confirmó que el plazo de adhesión para las compañías se prorrogará por un año adicional, lo que permite proyectar una ventana de oportunidad para los inversores que se extiende ahora hasta julio de 2027.
Esta medida no solo busca dar continuidad a un esquema que ya ha mostrado resultados tangibles, sino que introduce modificaciones técnicas de calado, orientadas específicamente a potenciar la infraestructura de hidrocarburos y garantizar un marco de previsibilidad jurídica y fiscal para los desembolsos de capital intensivo.
Optimización del marco normativo y el foco en el "Upstream"
La prórroga del RIGI viene acompañada de una actualización en su reglamentación. El objetivo, según las autoridades, es volver el sistema más claro y eficiente, eliminando trabas burocráticas y facilitando la implementación de los proyectos. Sin embargo, la novedad más disruptiva es la inclusión de nuevos desarrollos vinculados al upstream de petróleo y gas.
En la jerga técnica de la industria energética, el término upstream define la fase inicial de la cadena de valor:
Exploración: La búsqueda de nuevos yacimientos de hidrocarburos en el subsuelo.
Perforación: La construcción de pozos para acceder a las reservas.
Producción: La extracción efectiva del petróleo y el gas natural hacia la superficie.
Para estos nuevos proyectos de exploración y producción, el Gobierno ha fijado un piso de inversión de USD 600 millones, marcando un estándar de alta exigencia que busca atraer exclusivamente a los grandes actores del mercado global. Esta fase es previa a las etapas de transporte (midstream) y refinado (downstream), y es considerada el motor crítico para el autoabastecimiento y la capacidad exportadora del país.
Incentivos fiscales
El interés que el RIGI ha despertado en empresas extranjeras y grandes conglomerados locales no es casual. El régimen ofrece un paquete de beneficios diseñado para compensar los riesgos de largo plazo asociados a la Argentina. Entre los puntos técnicos más destacados del esquema se encuentran:
Reducción Impositiva: Una baja sustancial en la alícuota del Impuesto a las Ganancias, que desciende del 35% al 25%.
Facilidades de Exportación: La exención total del pago de derechos de exportación, lo que mejora la competitividad de los productos argentinos en el mercado mundial.
Beneficios en IVA: La posibilidad técnica de deducir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) desde las etapas previas al inicio de las operaciones comerciales.
Seguridad Jurídica: La habilitación expresa para resolver cualquier controversia legal mediante mecanismos de arbitraje internacional, un requisito fundamental para los fondos de inversión globales.
Radiografía de los 10 proyectos aprobados
Hasta la fecha, el RIGI ha recibido más de 27 iniciativas, de las cuales 10 ya cuentan con la aprobación gubernamental, sumando una inversión total de USD 25.479 millones. Estos proyectos se distribuyen en provincias estratégicas como Neuquén, Río Negro, San Juan, Mendoza, Salta, Buenos Aires, Catamarca y Santa Fe.
A continuación, el detalle de los proyectos que lideran la transformación productiva:
Vaca Muerta Sur (YPF y socios): Una inversión inicial de USD 2.486 millones (con potencial de USD 3.000 millones). Este plan, compartido por empresas como PAE, Vista, Pampa Energía, Pluspetrol, Chevron y Shell, prevé un oleoducto capaz de transportar 700.000 barriles diarios, generando ingresos proyectados de USD 17.000 millones anuales.
Southern Energy (PAE y Golar LNG): Instalación de una barcaza de licuefacción de GNL en Río Negro. Se estima un desembolso de USD 2.900 millones en una década, pudiendo alcanzar los USD 6.878 millones.
Rincón de Litio (Rio Tinto): En Salta, se invertirán USD 2.724 millones para producir 60.000 toneladas anuales de litio para baterías.
Los Azules (McEwen Cooper): Proyecto minero en San Juan enfocado en el cobre, con una inversión de USD 2.672 millones.
Gualcamayo (San Juan): Plan de USD 665 millones para extender la vida útil de una mina próxima al agotamiento, generando 1.700 empleos directos.
Timbúes (Santa Fe): Construcción de un puerto multipropósito por USD 277 millones para granos, combustibles y fertilizantes.
Sidersa (Buenos Aires): Una planta de acero verde en San Nicolás con una inversión de USD 296 millones y capacidad para 360.000 toneladas anuales.
Parque Eólico (PCR y Acindar): En Olavarría, con una inversión de USD 255 millones.
El Quemado (YPF): Parque solar en Mendoza de USD 211 millones que sumará un total de 305 MW de capacidad.
Hombre Muerto Oeste (Galán Lithium): Proyecto en Catamarca de USD 217 millones para la producción de cloruro de litio de alta pureza.
