Una deuda bancaria impaga no habilita por sí sola a una entidad financiera a retener el sueldo de una persona. Un banco, una financiera, una tarjeta de crédito o un estudio de cobranzas necesitan una orden judicial para concretar un embargo sobre los ingresos.
Las llamadas telefónicas, los mensajes de WhatsApp y las intimaciones realizadas por cobradores no equivalen a un embargo. Para que exista una retención efectiva debe desarrollarse un proceso judicial: tiene que existir un juicio, un juez debe emitir una orden y esa resolución debe ser notificada al empleador.
Según explica el Banco Galicia en su blog, el embargo de sueldo constituye una medida judicial destinada a retener una parte de la remuneración para cancelar una deuda reclamada. Una vez que recibe la orden, la empresa debe retener el porcentaje establecido y depositarlo en la cuenta correspondiente al expediente.
El recorrido hasta esa instancia, sin embargo, suele incluir otras etapas. Antes de acudir a los tribunales, los bancos suelen realizar llamados al deudor, ofrecer refinanciaciones y, en determinados casos, vender la deuda a estudios jurídicos especializados en cobranza. Supervielle señala que, cuando el incumplimiento se prolonga, la entidad puede iniciar un proceso judicial y trabar un embargo de bienes. La instancia judicial aparece así como un último recurso y no como el primer paso ante una deuda impaga.
Cuánto pueden embargar del sueldo
La protección del salario tiene límites establecidos por la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 y el Decreto 484/87. Las reglas determinan qué parte de la remuneración puede ser alcanzada por un embargo.
Según el Banco Galicia, las escalas son:
El Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), actualmente de $376.600 mensuales, es inembargable.
Cuando la remuneración mensual no supera dos SMVM, es decir, $753.200, se puede embargar hasta el 10% del monto que exceda un SMVM.
Cuando la remuneración supera dos SMVM, se puede embargar hasta el 20% del excedente.
El cálculo se realiza sobre el sueldo neto, después de los aportes y descuentos establecidos por ley. La protección también alcanza a los fondos cuando el salario se acredita en una cuenta sueldo: el embargo debe aplicarse sobre la remuneración respetando los topes legales y no sobre la totalidad del saldo disponible en la cuenta.
Existe una excepción relevante: las deudas por cuota alimentaria. En estos casos, el juez puede establecer un porcentaje superior y alcanzar incluso la porción equivalente al SMVM.
Antes del embargo aparece otra señal: el Veraz
El deterioro de la situación financiera no comienza necesariamente con una demanda judicial. Antes de que un embargo sea siquiera una posibilidad, el incumplimiento puede impactar en el Veraz, el registro que recopila el historial crediticio de personas y empresas en Argentina.
Un informe de Naranja X divide ese historial en cinco situaciones:
Situación 1: cumplimiento de todos los pagos en tiempo y forma, con un score alto y acceso a productos financieros.
Situación 2: moras leves de hasta 30 días, reversibles rápidamente una vez regularizado el pago.
Situación 3: atrasos superiores a 30 días, que requieren analizar ingresos y egresos y negociar con los acreedores.
Situación 4: atrasos superiores a 90 días, considerados un incumplimiento de magnitud, con riesgo de embargos o demandas.
Situación 5: deudas incobrables o que pasaron a instancia judicial.
Incluso en esta última situación, Naranja X señala que pueden existir alternativas: renegociar con abogados o mediadores, cancelar deudas con quitas y reconstruir el historial mediante productos más simples, como cuentas o tarjetas prepagas.
El impacto de un historial negativo excede el problema de la deuda original. Puede limitar el acceso a nuevos préstamos, tarjetas y otros productos financieros, ya que bancos y entidades consultan esa información al evaluar el otorgamiento de crédito.
Prescripción: cuándo una deuda deja de ser exigible
Las deudas financieras también están sujetas a plazos de prescripción, aunque sus condiciones son específicas. Las deudas de tarjeta de crédito prescriben a los tres años desde que se produce la mora, es decir, desde el vencimiento del último resumen impago. En el caso de los préstamos personales, los plazos pueden variar según la entidad y el producto.
La prescripción, además, no funciona automáticamente en todos los casos. Un pago parcial realizado por el deudor o el inicio de una demanda judicial por parte del acreedor puede reiniciar el plazo desde ese momento. Por eso, una acción sobre la deuda, incluso mínima, puede extender el período durante el cual continúa siendo legalmente exigible.
Es un punto especialmente relevante porque existe mucha información errada sobre la prescripción. Es difícil que una deuda prescriba, y aun cuando eso ocurra, las entidades financieras suelen conservar información sobre la conducta de pago del cliente, un antecedente que puede pesar sobre su scoring crediticio y sobre su capacidad de acceder a servicios financieros a valores razonables.
Cómo consultar el Veraz y en qué casos se puede salir
La posibilidad de conocer la propia situación crediticia está contemplada por la Ley 25.236, que garantiza el derecho a consultar gratuitamente el informe del Veraz cada seis meses.
La consulta puede realizarse:
Por teléfono, al (011) 5352-4800.
A través de internet, utilizando el número de DNI y respondiendo preguntas de validación de identidad.
El informe incluye información sobre deudas con entidades bancarias, cheques rechazados durante los últimos 24 meses, préstamos vigentes, procesos judiciales y extrajudiciales, pedidos de quiebra y obligaciones no canceladas.
Ualá diferencia este registro de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Mientras la Central registra financiaciones otorgadas por entidades financieras y cheques rechazados, el informe del Veraz es más amplio: incorpora la información de esa central junto con otros datos adicionales.
Según Ualá, existen tres situaciones en las que es posible salir del Veraz. La primera se produce cuando la deuda informada tiene más de cinco años, siempre que el acreedor no haya iniciado juicio ni el deudor haya activado un plan de pagos. La segunda ocurre cuando la deuda ya fue abonada pero el informe todavía no refleja la cancelación. La tercera corresponde a errores, como un robo de identidad o una equivocación de la entidad financiera.
En este último supuesto también es posible reclamar indemnización por daños y perjuicios. En cualquiera de los casos, se necesita documentación que permita probar la situación y la actualización de la información puede demorar varios días.
Qué hacer frente a una notificación judicial
Recibir una notificación de embargo cambia el escenario porque implica que ya existe una actuación judicial. El Banco Galicia recomienda revisar cuidadosamente la documentación y avanzar sobre varios frentes.
El primer paso es leer la cédula o el oficio judicial para identificar el juzgado, el expediente y el monto reclamado. Luego corresponde verificar que la deuda sea válida y continúe vigente, considerando también los plazos de prescripción.
A partir de allí, las recomendaciones incluyen:
Consultar con un abogado o con un servicio de defensa del consumidor.
Controlar el recibo de sueldo para comprobar que la retención respete los porcentajes establecidos por la Ley de Contrato de Trabajo.
Evaluar un acuerdo de pago, ya que en muchos casos es posible levantar o reducir el embargo mediante un plan homologado dentro del expediente.
El objetivo no se limita a reaccionar cuando la retención ya comenzó. La prevención ocupa un lugar central: consultar la Central de Deudores del BCRA, conocer la situación real de las obligaciones, priorizar las deudas con intereses más altos, negociar refinanciaciones antes de entrar en mora y unificar vencimientos cerca de la fecha de cobro del sueldo son algunas de las medidas señaladas por el Banco Galicia.
En ese recorrido, el factor tiempo adquiere una importancia decisiva. Cuanto antes se establece contacto con el acreedor, más opciones de acuerdo están disponibles. El embargo, por lo tanto, no constituye el punto de partida de una deuda impaga, sino una instancia judicial que aparece después de un proceso en el que existen distintas etapas, límites legales y posibilidades de negociación.