La reducción de los aranceles a la importación de celulares abrió un nuevo frente de conflicto entre el Gobierno nacional y la provincia de Tierra del Fuego. Tras la oficialización de la medida, las principales fábricas de la isla suspendieron su actividad por tiempo indeterminado en rechazo a una política que, según sindicatos y empresas, amenaza la sustentabilidad de la industria local.
El Ministerio de Economía dispuso este martes una baja del arancel para celulares importados, del 16% al 8%, con una eliminación total prevista para el 15 de enero de 2026. Además, redujo los impuestos internos: para celulares, televisores y aires acondicionados pasaron del 19% al 9,5%; en consolas de videojuegos, del 35% al 20%. Los productos elaborados en Tierra del Fuego quedaron exentos de este último tributo.
Desde el Ejecutivo defienden la decisión al asegurar que aumentará la competencia y permitirá una baja de hasta el 30% en los precios al consumidor. Sin embargo, desde la provincia y el sector industrial cuestionan duramente la iniciativa, alertando que favorecerá las importaciones y pondrá en riesgo miles de puestos de trabajo.
"Esto no busca reducir precios, es un ataque directo a la industria fueguina", advirtieron desde los gremios, que condicionaron la vuelta al trabajo a la garantía de estabilidad laboral para todos los empleados, tanto efectivos como contratados.
La reacción tiene su fundamento: la industria electrónica es el principal empleador privado de la isla, con más de 8500 trabajadores. Las compañías Mirgor (vinculada a Nicolás Caputo, primo del ministro Luis Caputo) y Newsan (de Rubén Cherñajovsky) concentran más del 80% del mercado.
"El impacto mayor llegará cuando el arancel baje al 0%. Estamos trabajando para que el efecto sea el menor posible, sobre todo en la reducción del costo argentino", expresó Ana Vainman, directora ejecutiva de AFARTE (Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica).
Un régimen en debate
La controversia volvió a poner bajo la lupa el régimen industrial de Tierra del Fuego, vigente hasta 2038. Este esquema fue creado en 1972 con el objetivo de poblar la isla y fomentar la producción. Exime del pago de impuestos nacionales a las actividades económicas que se desarrollen en el territorio.
Según el think tank Fundar, las empresas se benefician principalmente a través de dos mecanismos: un crédito fiscal por el IVA de las ventas al resto del país, y la exención arancelaria e impositiva para la importación de insumos.
"En lugar de pagar el débito fiscal, las compañías computan un crédito equivalente por IVA. Además, la exención de aranceles a insumos implica una mayor protección cuanto mayor es la proporción importada", explicaron desde Fundar. El sistema logró cumplir su objetivo demográfico: la población pasó de 13.000 habitantes en 1972 a más de 180.000 en la actualidad. Pero a cambio, el Estado Nacional resigna ingresos por unos US$1070 millones anuales.
Desde AFARTE remarcan que, pese a los beneficios, las empresas del régimen también deben afrontar cargas patronales, Ingresos Brutos y tasas municipales. Sin embargo, las críticas actuales apuntan a que el régimen no estimula la producción de valor agregado.
"El beneficio se otorga en función de las ventas, no del valor agregado. Esto incentiva la importación de componentes en lugar de su fabricación local, lo que desincentiva la generación de empleo calificado y tecnología en la isla", advirtieron desde Fundar.