A partir de este miércoles, Australia se convierte en el primer país del mundo en prohibir formalmente el uso de redes sociales a menores de 16 años. La medida, aprobada por el Parlamento en noviembre de 2024, fue calificada como "histórica" por especialistas y autoridades, y ya genera impacto internacional por su alcance y por el cambio de paradigma que introduce en la relación entre adolescentes, tecnología y Estado.
La legislación establece que las plataformas digitales deberán eliminar o desactivar las cuentas pertenecientes a menores de 16 años y, al mismo tiempo, les impide crear nuevos perfiles en ese rango etario. La norma no apunta a sancionar a los usuarios, sino que coloca el eje de la responsabilidad en las empresas tecnológicas, que deberán garantizar sistemas efectivos de verificación de edad.
El fundador de la Red Educativa Itínere y especialista en educación, Darío Álvarez Klar, celebró la decisión del gobierno australiano y la definió como "una gran noticia". Según explicó, la medida responde a una preocupación creciente a nivel global: el impacto del uso excesivo y desregulado de redes sociales en la salud mental y emocional de niños y adolescentes.
Invertir la carga de la prueba: un cambio clave
Uno de los puntos más innovadores de la ley es lo que Álvarez Klar definió como "la inversión de la carga de la prueba". A diferencia de otros marcos normativos, Australia no exige que los jóvenes o sus familias demuestren responsabilidades, sino que obliga a las empresas a garantizar que no haya menores de 16 años utilizando sus servicios.
"Ya no podemos esperar que un adolescente tenga plena noción de las consecuencias del uso adictivo de la tecnología", explicó el especialista. En ese sentido, señaló que la normativa no demoniza la tecnología, sino que reconoce una limitación madurativa propia de la edad. "La ley le dice a las empresas: es tu problema determinar que no haya menores de 16 años dentro de la red. Si no podés controlarlo, vas a ser sancionado", afirmó.
Las sanciones no son menores. La normativa prevé multas de hasta 49,5 millones de dólares australianos para aquellas plataformas que incumplan la ley, lo que obliga a las compañías a invertir en controles efectivos y asumir un rol activo en la protección de la salud mental juvenil.
¿Por qué el límite es a los 16 años?
Según explicó Álvarez Klar, la elección de los 16 años no es arbitraria. Se basa en investigaciones que detectaron una afectación creciente del uso de redes sociales en adolescentes de entre 14 y 16 años, especialmente en niñas.
"Estamos viendo con mucha recurrencia trastornos anímicos, miedos, problemas de autoestima y las primeras puertas a cuadros depresivos", detalló. La presión por la imagen, la competencia constante y la lógica de los "likes" aparecen como factores determinantes en el deterioro del bienestar emocional.
El especialista mencionó incluso el concepto de anhedonia, un término utilizado para describir la pérdida de interés y disfrute por actividades esenciales de la vida cotidiana. "Hasta los 16 años, el adolescente tiene enormes dificultades para regular este consumo, porque no es solo un problema de tiempo, sino un problema de orden emocional", advirtió.
Familia, escuela y regulación
Más allá del marco legal, Álvarez Klar subrayó que el rol de las familias y las instituciones educativas sigue siendo central. En la Red Educativa Itínere, explicó, detectaron estudiantes con entre cinco y seis horas diarias de uso de redes sociales, lo que motivó la implementación de estrategias de regulación.
"No prohibimos el uso, sino que lo administramos. Incrementamos la actividad física, el deporte, otras formas de canalizar la dopamina y las emociones. Y cuando eso ocurre, baja naturalmente la necesidad de estar conectados", sostuvo.
Finalmente, el especialista comparó la ley australiana con las regulaciones sobre alimentos o productos nocivos. "El Estado interviene cuando hay riesgos claros. Lo que hizo Australia es impedir que a determinada edad se produzcan daños que después lamentamos con los años", concluyó. Si bien reconoció que siempre existirán intentos de evadir la norma, destacó que la ley protege especialmente a los padres que son conscientes de los riesgos y buscan herramientas para cuidar a sus hijos.