La crisis política y social en Bolivia sumó este martes un nuevo capítulo de tensión institucional luego de que el canciller boliviano, Fernando Aramayo, anunciara que el Gobierno presentará una denuncia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) por lo que definió como un "atentado contra la democracia y la estabilidad política". La decisión surge tras los disturbios ocurridos el lunes durante una protesta impulsada por la Central Obrera Boliviana (COB) y sectores afines al exmandatario Evo Morales, quienes exigen la renuncia del actual presidente, Rodrigo Paz.
El anuncio marca una profundización de la estrategia internacional del Ejecutivo boliviano frente a una conflictividad que en los últimos días derivó en episodios de violencia, saqueos y enfrentamientos en distintos puntos de la ciudad de La Paz. Según explicó Aramayo, la administración de Paz buscará exponer formalmente la situación boliviana ante la Asamblea de la OEA y pedir el envío de una misión internacional para verificar el escenario de crisis.
El Gobierno denuncia una "estrategia desestabilizadora"
Durante sus declaraciones, el canciller apuntó directamente contra Evo Morales y sostuvo que detrás de las movilizaciones existe una intención de quebrar el orden democrático.
"La comunidad internacional tiene que saber que el señor Morales está en un ánimo desestabilizador y de ruptura del orden democrático", afirmó el funcionario, según consignó el diario paceño La Razón.
Aramayo indicó además que el Gobierno considera que las protestas excedieron el marco de las demandas sociales y derivaron en acciones violentas que, según su visión, ponen en riesgo la institucionalidad del país.
"Tenemos que denunciar este atentado contra la democracia y la estabilidad política que está llevando adelante ese conjunto de movilizaciones", expresó.
En ese contexto, confirmó que el Ejecutivo expondrá este miércoles ante la Asamblea de la OEA los hechos registrados en Bolivia y solicitará formalmente el envío de una misión internacional que pueda constatar en el terreno el nivel de conflictividad y violencia ocurrido en los últimos días.
Diferencias entre protesta social y violencia
El canciller buscó establecer una distinción entre las manifestaciones sociales y los episodios que el Gobierno considera acciones sediciosas. Según explicó, el Ejecutivo reconoce que existen movilizaciones vinculadas a reclamos legítimos, aunque aseguró que las protestas que exigen la salida del presidente Rodrigo Paz y derivan en vandalismo no pueden ser interpretadas como simples reivindicaciones sociales.
"Hay algunas movilizaciones que muchas veces expresan demanda social, pero aquellas que demandan renuncia del Presidente y se traducen en actos de vandalismo no se pueden confundir con reivindicaciones sociales", sostuvo.
El discurso oficial también endureció el tono frente a los sectores movilizados. Aramayo remarcó que el Gobierno mantiene disposición al diálogo con diferentes actores políticos y sociales, aunque advirtió que no negociará bajo condiciones que impliquen violencia o pedidos de dimisión presidencial.
"No se puede negociar ni dialogar el crimen, no se puede negociar una solicitud de renuncia. Esto es sedición, esto es terrorismo de Estado", afirmó el canciller.
Respaldo internacional y pedido de misión de la OEA
En medio del aumento de la tensión política, Aramayo señaló que más de una docena de países y organismos internacionales manifestaron respaldo a Bolivia frente a la crisis institucional y social que atraviesa el país.
Además, confirmó que el Gobierno solicitará de manera formal el envío de una misión de embajadores de la OEA para verificar la situación sobre el terreno y observar el contexto de violencia denunciado por las autoridades.
La decisión de acudir al organismo regional refleja la intención del Ejecutivo de internacionalizar el conflicto y buscar respaldo externo frente a las acusaciones de desestabilización formuladas contra los sectores vinculados a Evo Morales.
Jeanine Áñez cuestionó los pedidos de renuncia
En paralelo, la expresidenta Jeanine Áñez también se pronunció sobre la situación política y condenó los hechos de violencia registrados durante las movilizaciones en La Paz.
A través de un mensaje público, Áñez criticó los pedidos de renuncia contra Rodrigo Paz y rechazó los saqueos, agresiones y ataques ocurridos durante las protestas.
"Indigna ver cómo grupos violentos, que no representan a toda Bolivia, destruyen instituciones, saquean tiendas y generan terror y miedo mientras dicen defender a la clase popular", expresó.
La exmandataria también hizo referencia al impacto social de los disturbios sobre comerciantes y familias afectadas por los ataques.
"Nada justifica humillar a familias, golpear personas o atacar pequeños negocios construidos con años de esfuerzo", agregó.
Sus declaraciones se suman al creciente clima de polarización política que atraviesa Bolivia, donde distintos sectores comenzaron a fijar posición frente a los episodios de violencia y las demandas de renuncia impulsadas por grupos movilizados.
La Unión Europea pidió "calma y diálogo"
La crisis boliviana también generó una reacción internacional desde Europa. La Delegación de la Unión Europea, junto con las embajadas de los Estados Miembros presentes en Bolivia —Alemania, España, Francia, Italia y Suecia— emitieron un pronunciamiento conjunto en el que llamaron a preservar el orden democrático y condenaron los hechos de violencia.
En el comunicado, las representaciones diplomáticas hicieron un llamado "a la calma y al diálogo dentro del respeto de la democracia, del orden constitucional y de las instituciones del Estado, y condenan cualquier acto de violencia".
Además, remarcaron que las protestas deben desarrollarse de manera pacífica y respetando el marco legal vigente.
"La Unión Europea recuerda asimismo que las manifestaciones y protestas deben desarrollarse de manera pacífica, con pleno respeto del Estado de Derecho y los Derechos Humanos", señala el texto.
El pronunciamiento europeo aparece en un momento de máxima sensibilidad política para Bolivia, mientras el Gobierno busca apoyo internacional y los sectores movilizados mantienen la presión sobre la administración de Rodrigo Paz en medio de una creciente escalada de confrontación política y social.