Bolivia atraviesa una de las etapas de mayor tensión política y social de los últimos años. En ese contexto, la Cámara de Diputados aprobó este martes una ley que habilita una intervención más amplia de las Fuerzas Armadas en conflictos internos, en medio de protestas y bloqueos que ya afectan distintos puntos estratégicos del país.
La norma fue aprobada con más de dos tercios de los votos y elimina las restricciones establecidas por la ley 1.341, conocida como Ley Copa, vigente desde octubre de 2020.
La decisión legislativa representa un movimiento de fuerte impacto institucional, ya que ahora el texto quedó en manos del Poder Ejecutivo para que sea promulgado por el presidente Rodrigo Paz.
Según explicaron legisladores bolivianos, la nueva herramienta jurídica permitirá ampliar el margen de acción de las Fuerzas Armadas frente a los conflictos sociales que vienen afectando la circulación y el abastecimiento en distintas regiones del país.
La derogación de la Ley Copa
La derogación de la Ley Copa aparece como uno de los puntos centrales de la nueva etapa política que atraviesa Bolivia. La normativa, vigente desde octubre de 2020, imponía límites al accionar militar en conflictos internos. Con la aprobación parlamentaria de este martes, esas restricciones quedan anuladas y el Gobierno obtiene una vía institucional que podría habilitar la declaración de un estado de excepción.
El debate se produjo en un escenario marcado por el crecimiento sostenido de las protestas sociales y por el deterioro de la situación en distintas ciudades bolivianas.
La nueva ley busca dar respaldo legal a una eventual participación más activa de las Fuerzas Armadas en tareas de control y seguridad interna frente al incremento de los bloqueos y movilizaciones.
Los bloqueos ya alcanzan 150 puntos en todo el país
La conflictividad social en Bolivia ingresó en su cuarta semana consecutiva y muestra una expansión territorial cada vez mayor. Durante la jornada del martes, los bloqueos de rutas alcanzaron los 150 puntos distribuidos en distintas regiones del país.
Las interrupciones afectan especialmente corredores estratégicos vinculados al abastecimiento y al transporte de insumos esenciales. Entre las ciudades más impactadas por la situación aparecen:
- La Paz
- El Alto
- Oruro
De acuerdo con los legisladores que impulsaron la nueva ley, los bloqueos están provocando dificultades crecientes para garantizar:
- El abastecimiento de alimentos
- La distribución de combustible
- El suministro de insumos médicos
La preocupación oficial gira en torno a las consecuencias económicas y sociales que puede provocar la continuidad de las protestas en un escenario ya atravesado por tensión política.
Un conflicto liderado por múltiples sectores sociales
Las movilizaciones que mantienen paralizado parte del país son encabezadas por organizaciones afiliadas a la Central Obrera Boliviana (COB).
Sin embargo, el conflicto también involucra a numerosos sectores sociales y sindicales que fueron sumándose a las protestas en las últimas semanas. Entre los grupos que participan de las medidas aparecen:
- Sectores campesinos
- Organizaciones indígenas
- Mineros
- Trabajadores fabriles
- Juntas vecinales
El reclamo central de buena parte de estos sectores apunta a exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz. La amplitud de actores involucrados refleja el nivel de expansión que alcanzó el conflicto y la dificultad para contener la protesta mediante negociaciones parciales.
El rol de las Fuerzas Armadas en el nuevo escenario
La aprobación legislativa abre un nuevo escenario respecto del rol que podrían asumir las Fuerzas Armadas en el manejo de la crisis.
Según sostienen los impulsores de la ley, la medida busca garantizar el funcionamiento de servicios esenciales y evitar el colapso del abastecimiento en distintas ciudades.
La posibilidad de una intervención militar más amplia en conflictos sociales representa un cambio significativo respecto del esquema que regía desde 2020. El Gobierno boliviano ahora cuenta con una herramienta que podría utilizarse para avanzar hacia medidas excepcionales en caso de que la crisis continúe escalando.
