Se abre un nuevo capítulo en el juicio por la expropiación de YPF que se tramita en los tribunales de Nueva York, donde la Argentina enfrenta una condena en primera instancia por US$ 16.100 millones más intereses, un proceso de alto impacto institucional y económico que genera expectativa en todo el país, incluida la provincia de Catamarca.

Este jueves, los beneficiarios del fallo presentarán un escrito ante la jueza Loretta Preska en el que solicitarán formalmente que se declare a la Argentina en desacato y que se apliquen sanciones contra el Gobierno nacional. La ofensiva judicial se produce mientras la defensa argentina intenta frenar ese avance mediante una apelación que considera clave para su estrategia.

Los demandantes —los fondos Petersen y Eton Park, financiados por Burford Capital— sostendrán que el país incumplió una orden judicial vinculada al proceso de discovery, que exige la entrega de correos electrónicos y comunicaciones realizadas por funcionarios y exfuncionarios a través de servicios de mensajería, como WhatsApp.

Según ese planteo, las demoras y la falta de entrega completa del material solicitado justificarían la aplicación de sanciones. La Argentina, en tanto, tiene previsto responder con un escrito el próximo 19 de febrero.

El conflicto se centra en una orden de Preska que obliga al Estado argentino a producir comunicaciones digitales de determinados funcionarios, tanto de la actual gestión como de períodos anteriores. De acuerdo con información oficial, la mayoría de los involucrados ya cumplió con el requerimiento, aunque al 12 de enero aún restaban seis funcionarios que no habían entregado ese material, explicó Sebastián Maril, de Latam Advisors, quien sigue de cerca los litigios contra el país en tribunales del exterior.

Para los demandantes, ese punto resulta central para sostener la existencia de un incumplimiento. Para el Gobierno, en cambio, se trata de comunicaciones de carácter personal protegidas por la Constitución.

Desde la Procuración del Tesoro, a cargo de la defensa argentina, rechazaron de manera categórica la acusación de desacato. "La República Argentina está cumpliendo con todas las decisiones judiciales vigentes", afirmaron fuentes oficiales, y remarcaron que ninguna declaración de ese tipo puede tener efectos hasta que el país ejerza plenamente su derecho a defensa y la jueza analice el fondo del planteo. En ese sentido, recordaron que la orden que obliga a revisar dispositivos y cuentas personales ya fue apelada ante la Cámara del Segundo Circuito de Nueva York.

Esa apelación es considerada clave por el Gobierno. En octubre, la Argentina recurrió la decisión de Preska que exige la entrega de comunicaciones personales, al sostener que resulta ilegítima tanto bajo el derecho argentino como bajo el estadounidense. En los últimos días, la defensa presentó los argumentos escritos para intentar que la Cámara revoque esa orden, con el objetivo de debilitar el principal sustento del pedido de sanciones.

Los demandantes, por su parte, aseguran que el país incurre en maniobras dilatorias. En presentaciones anteriores, advirtieron que, de no obtener la información requerida, avanzarían con pedidos de sanciones, incluidas multas y presunciones adversas. También solicitaron que Preska establezca un cronograma específico para tratar el desacato, con plazos para la respuesta argentina, una eventual réplica y la realización de una audiencia probatoria.

El trasfondo del conflicto va más allá del intercambio de escritos. Los beneficiarios del fallo buscan demostrar que distintas entidades públicas, como el Banco Central, el Banco Nación o Aerolíneas Argentinas, actúan como "alter ego" del Estado. De lograrlo, podrían intentar embargos sobre activos de esos organismos para cobrar la sentencia. Para ese objetivo, consideran clave acceder a las comunicaciones internas de funcionarios, que, según su postura, revelarían cómo se toman y ejecutan las decisiones estatales.

El Gobierno rechaza esa interpretación y habla de hostigamiento judicial. Fuentes oficiales calificaron el discovery como "un intento inadmisible" contra un Estado soberano y señalaron que esta etapa demandó casi dos años de trabajo, con la producción de más de 110.000 documentos y comunicaciones oficiales. Además, subrayaron que el cumplimiento se realizó "dentro de las posibilidades legales del Estado" y respetando los límites constitucionales, en particular el derecho a la privacidad y la inviolabilidad de la correspondencia.

El calendario procesal ya está definido. Tras la presentación de los demandantes este jueves, la respuesta argentina llegará el 19 de febrero y la contrarréplica quedará para el 5 de marzo. Luego, en audiencias previstas para fines de ese mes, la jueza Preska resolverá si corresponde declarar el desacato y aplicar sanciones.

En paralelo, la apelación principal contra la sentencia por la expropiación de YPF continúa su curso en la Cámara, sin fecha definida para el fallo, y se mantiene como la principal apuesta del Gobierno para frenar cualquier intento de ejecución de la condena.