El juicio oral por la denominada Causa Cuadernos, basada en los registros del ex chofer del Ministerio de Planificación Oscar Centeno, retomará este jueves a las 9 de la mañana con una de las instancias más esperadas: la lectura de la valoración fiscal de los testimonios de los imputados colaboradores. Se trata del tramo final del tercer requerimiento de elevación a juicio, donde se desarrolla la matriz argumental de la acusación y se expone el sistema de recaudación ilegal que la fiscalía afirma que operó durante más de una década.
La audiencia llega luego de una jornada atípica. El martes 2 de diciembre, el Tribunal Oral Federal Nº 7 se vio obligado a interrumpir el debate durante casi cuatro horas para resolver el pedido de recusación presentado por la defensa del ex ministro de Planificación Julio De Vido. Tras deliberar, los jueces rechazaron la solicitud por inadmisible, lo que permitió retomar —aunque por pocos minutos— la lectura de los descargos pendientes. El tiempo no alcanzó para avanzar en la parte central del análisis probatorio, que será abordado este jueves.
Un tramo clave del requerimiento fiscal
Según lo previsto, el tribunal leerá las últimas 47 páginas del tercer requerimiento de elevación a juicio, un capítulo en el que la fiscalía expone la columna vertebral de su tesis: la existencia de un entramado organizado, estable y jerarquizado de recaudación ilegal que habría funcionado desde el Ministerio de Planificación entre 2003 y 2015.
En esa sección, los fiscales detallan la valoración probatoria de los dichos de los arrepentidos y afirman haber acreditado un mecanismo dual de recaudación. Por un lado, un circuito ejecutado por funcionarios que —siempre según la acusación— retiraban dinero directamente de las empresas involucradas. Por otro, un sistema articulado por intermediarios financieros que recolectaban fondos a través de retornos pactados en las obras públicas de mayor envergadura durante ese período.
La reconstrucción que se expondrá este jueves no solo apunta a describir el funcionamiento de esa supuesta operatoria, sino también el comportamiento sistemático de los empresarios mencionados en la causa. De acuerdo con el requerimiento, compañías como Panedile, Faraday, Secco y JCR habrían intervenido en un esquema de pagos ilegales "inducidos por la expectativa cierta de beneficios" vinculados a contrataciones estatales, licitaciones, modificaciones de plazos, certificaciones, cancelación de pagos atrasados y gestiones regulatorias. En cada caso, el dictamen fiscal expone comunicaciones, movimientos, adjudicaciones y presencias de funcionarios como evidencia que enlaza los hechos.
La estructura acusada y los puntos centrales
Lo que viene en esta etapa del debate es la explicación de cómo el fiscal Carlos Stornelli articuló la información reunida durante la instrucción para sostener su afirmación más contundente: que existió una estructura delictiva centralizada cuyos recorridos, según la acusación, concluían en dos lugares: el departamento de la calle Uruguay —atribuido a operaciones logísticas y financieras— y la Quinta de Olivos, donde el ex secretario privado de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, habría recibido fondos en nombre de las máximas autoridades del Poder Ejecutivo.
También está previsto que se lea el tramo dedicado a Roberto Baratta, a quien el Ministerio Público definió como la "pieza operativa clave" del presunto circuito de recaudación. Según la acusación, Baratta habría actuado como nexo permanente entre funcionarios, intermediarios y empresarios en decenas de hechos atribuidos en el expediente.
Con este panorama, la séptima audiencia se proyecta como uno de los momentos más densos del juicio, al consolidar la interpretación fiscal sobre el funcionamiento de la presunta red delictiva. La valoración de los arrepentidos —núcleo del capítulo que se leerá este jueves— es considerada por las partes como un elemento determinante para el desarrollo posterior del debate y para el análisis final que deberá realizar el tribunal.