Perú se enfrenta una vez más a un momento de definición institucional bajo la sombra de la crisis política permanente. Este miércoles, el Congreso de la República se reunirá con un objetivo urgente: elegir al nuevo presidente encargado que asumirá las riendas del Estado tras la reciente destitución de José Jeri. 

El sucesor designado tendrá la misión de gobernar en un interinato crítico que finalizará el 28 de julio, fecha en la que deberá realizarse el traspaso de mando a quien resulte ganador en las elecciones generales programadas para el 12 de abril. La sesión parlamentaria, convocada para las 18:00 hora local, se desarrolla en un clima de tensión extrema, donde la salida de Jeri por cargos de tráfico de influencias ha dejado al Ejecutivo en una posición de vulnerabilidad que el legislativo busca subsanar para garantizar la gobernabilidad mínima.

El tablero de candidatos y la fragmentación parlamentaria

Para este proceso de elección provisoria, cuatro legisladores han formalizado su candidatura, representando la fragmentación ideológica que caracteriza al parlamento peruano. La principal favorita para alcanzar el consenso necesario es María del Carmen Alva, actual portavoz del partido Acción Popular, de tendencia centroderechista, quien ya cuenta con la experiencia de haber presidido el Congreso durante el año 2021. 

Sin embargo, la competencia no será sencilla, ya que deberá medirse frente a José Balcázar, un parlamentario perteneciente al bloque de izquierda que busca un contrapeso a las fuerzas conservadoras, y a Edgard Reymundo, un dirigente socialista de amplia trayectoria cuya plataforma se apoya en su vasta experiencia legislativa. Finalmente, la lista de aspirantes se completa con Héctor Acuña, representante del partido Honor y Democracia, un espacio que llega a esta instancia bajo el estigma de diversas denuncias de corrupción que han salpicado a sus filas en medio de la actual crisis.

El colapso de la gestión de José Jeri y sus implicancias fiscales

La caída de José Jeri representa un nuevo capítulo de irregularidades en la administración pública peruana. Su gestión, que comenzó el 10 de octubre pasado, duró apenas cuatro meses, habiendo llegado al poder para reemplazar a Dina Boluarte, quien a su vez había sucedido al destituido Pedro Castillo. 

El fin de la presidencia de Jeri se precipitó debido a investigaciones fiscales por presunto tráfico de influencias y patrocinio ilegal de intereses. Dos hechos fueron determinantes para su remoción: la revelación de una reunión encubierta con un empresario chino con vínculos comerciales directos con el Estado, y una segunda causa por su presunta intervención irregular en la contratación de nueve mujeres dentro de su administración. Ante estas evidencias, el Congreso procedió con un juicio político relámpago, removiéndolo del cargo por considerar que incurrió en una abierta falta de idoneidad.

Una década de inestabilidad y presidentes efímeros

La crisis institucional que atraviesa Perú no es un fenómeno reciente, sino una tendencia que se profundizó desde el año 2016, caracterizada por una fuerte incidencia del Congreso sobre un Ejecutivo debilitado. Las estadísticas de la última década son elocuentes y reflejan la fragilidad del sistema: siete presidentes han pasado por el poder en los últimos diez años, por lo que el legislador elegido este miércoles se convertirá en el octavo mandatario del periodo, mientras que quien gane en abril y asuma en julio será el noveno. De los últimos siete jefes de Estado, cuatro fueron destituidos por el Congreso y dos renunciaron para evitar enfrentar el mismo destino, siendo solo uno de ellos capaz de completar su mandato interino de forma exitosa.

Los desafíos inmediatos: elecciones y transparencia institucional

El presidente que resulte electo en la jornada de hoy asumirá un rol estrictamente transicional pero de alta sensibilidad política. Su misión central será la de garantizar la transparencia del proceso electoral del próximo 12 de abril, evitando cualquier sospecha de intervención estatal que pueda empañar los comicios. 

Asimismo, el nuevo mandatario encargado deberá intentar sostener la gobernabilidad en un escenario marcado por la fragmentación legislativa y la profunda desconfianza de la ciudadanía. El traspaso de mando previsto para el 28 de julio se percibe hoy como una meta lejana que requiere de un liderazgo capaz de navegar las agitadas aguas del parlamentarismo andino sin ceder ante las presiones de los diversos bloques políticos que han dominado la escena nacional en los últimos años.