La polémica por la liberación de presos políticos en Venezuela escaló este martes tras un duro comunicado de la oposición, que cuestionó la veracidad y el alcance de las excarcelaciones anunciadas por el régimen chavista. Según el Gobierno, 116 detenidos por motivos políticos fueron liberados como parte de un proceso que se inició tras la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos; sin embargo, organizaciones civiles y líderes opositores sostienen que esa cifra no se condice con la realidad comprobada hasta ahora.
En un comunicado difundido por la oficina de prensa de la Nobel de la Paz María Corina Machado y el dirigente Edmundo González Urrutia, la oposición señaló que "a cinco días de anunciarse oficialmente la liberación masiva de presos políticos, nada permite afirmar que dicha medida se esté llevando a cabo en los términos anunciados". El documento indica que, para la tarde del martes solo se ha podido verificar la excarcelación de 56 personas, lo que representa "menos del 5% del total de más de 1.000 seres humanos que permanecen injustamente privados de libertad por razones políticas" en el país sudamericano.
La discrepancia entre las cifras oficiales y las verificadas por organizaciones como Foro Penal y otras ONG dedicadas al monitoreo de detenciones políticas ha generado incertidumbre entre familiares de los presos y defensores de derechos humanos. Estas agrupaciones, que desde hace años documentan casos de detenciones arbitrarias y abusos en el sistema penitenciario venezolano, han señalado que la falta de información pública y listas oficiales claras dificulta la confirmación de cuántas liberaciones efectivamente se han llevado a cabo.
En medio de este contexto, España anunció la liberación de tres de sus ciudadanos que estaban detenidos en Venezuela. Las autoridades españolas confirmaron que estas personas fueron puestas en libertad, aunque no trascendió si su situación formaba parte del grupo de detenidos políticos ni bajo qué condiciones se produjo su excarcelación. Paralelamente, en Italia, la primera ministra Giorgia Meloni recibió en Roma a dos ciudadanos italianos liberados, uno de ellos el empresario Mario Burlò, detenido durante más de 15 meses. A su llegada al aeropuerto de Ciampino, Burlò expresó su miedo por las condiciones de detención y su temor de no volver a ver a su familia.
El Gobierno venezolano, por su parte, atribuye estas medidas a una revisión del sistema penitenciario impulsada por la administración interina encabezada por Delcy Rodríguez tras la caída de Maduro. Según el comunicado oficial del Ministerio de Servicios Penitenciarios, los liberados estaban privados de libertad por acciones "relacionadas con alterar el orden constitucional y atentar contra la estabilidad de la nación". No obstante, la oposición ha cuestionado la transparencia de ese proceso y ha denunciado que muchas liberaciones han sido lentas o incluso infructuosas para las familias que esperan noticias.
La situación de Venezuela se mantiene tensa y polarizada, con miles de personas aún detenidas en centros como El Rodeo I y otras cárceles donde continúan recluidos opositores, activistas y ciudadanos extranjeros. Entre ellos se encuentra el argentino Nahuel Gallo, cuyo caso ha seguido de cerca la comunidad internacional. Además del reclamo por la liberación de los detenidos, los grupos defensores de derechos humanos han insistido en la necesidad de garantizar la integridad física y jurídica de quienes han sido excarcelados, más allá de las cifras anunciadas por las autoridades.
La discrepancia entre los datos oficiales y los reportes independientes refleja un contexto de opacidad y desconfianza que rodea al proceso de liberación de presos políticos. En este escenario, la oposición y organizaciones sociales siguen reclamando transparencia, fe de vida y la liberación de todos los detenidos por razones políticas, mientras que los gobiernos de España, Italia y otros países europeos buscan garantizar el regreso seguro de sus ciudadanos liberados.
