La tensión geopolítica en el Caribe volvió a intensificarse luego de que Trinidad y Tobago autorizara a Estados Unidos a utilizar sus aeropuertos para operaciones de carácter logístico "en las próximas semanas", en un contexto de creciente enfrentamiento entre Washington y Caracas. La decisión del país insular, ubicado a apenas 11 kilómetros de la costa venezolana en su punto más cercano, generó una inmediata y dura reacción del gobierno de Nicolás Maduro.
El anuncio fue realizado este lunes por la Cancillería de Trinidad y Tobago a través de un comunicado oficial. "De conformidad con la cooperación bilateral establecida, el ministerio ha otorgado autorizaciones que permiten a aeronaves militares de Estados Unidos transitar por los aeropuertos de Trinidad y Tobago en las próximas semanas", señaló el texto difundido por las autoridades.
Según precisó el gobierno trinitense, Washington aseguró que estos movimientos tendrán un carácter estrictamente logístico. "Estados Unidos ha señalado que estos movimientos son de naturaleza logística, facilitando el reabastecimiento y las rotaciones rutinarias de personal", indicó el comunicado, en un intento por despejar las versiones sobre una eventual utilización militar ofensiva del territorio insular.
La autorización se produce en un escenario regional marcado por el incremento de la presencia militar estadounidense en el Caribe. Desde agosto, Estados Unidos desplegó fuerzas navales y aéreas en la zona, bajo el argumento oficial de reforzar la lucha contra el narcotráfico con destino a su territorio. Sin embargo, el gobierno venezolano sostiene que estas acciones forman parte de una estrategia destinada a desestabilizar al país y avanzar sobre sus vastas reservas de petróleo.
La tensión escaló aún más la semana pasada, cuando Estados Unidos incautó un buque petrolero que transportaba crudo venezolano, una medida inédita en el marco del prolongado conflicto político y económico entre ambos países. El hecho fue considerado por Caracas como un acto de agresión directa y un antecedente de extrema gravedad.
En ese contexto, el gobierno de Venezuela acusó formalmente a Trinidad y Tobago de haber colaborado en el operativo. Según un comunicado oficial, Caracas tuvo "conocimiento pleno sobre la participación del gobierno de Trinidad y Tobago en el robo del petróleo venezolano", en referencia al "asalto de un buque que transportaba este producto estratégico" ocurrido el pasado 10 de diciembre.
La denuncia fue difundida a través de la plataforma Telegram por la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, quien calificó el episodio como un acto de "piratería". "Este acto constituye una grave violación del derecho internacional y una franca transgresión a los principios de libre navegación y de comercio", afirmó la funcionaria, elevando el tono del reclamo diplomático.
Por su parte, Trinidad y Tobago rechazó las acusaciones venezolanas. La primera ministra Kamla Persad-Bissessar, aliada del expresidente estadounidense Donald Trump y en el poder desde mayo, endureció en las últimas semanas su discurso contra el gobierno de Maduro. No obstante, subrayó que Washington nunca solicitó utilizar el archipiélago anglófono como plataforma para lanzar ataques contra Venezuela.
La cooperación militar entre Trinidad y Tobago y Estados Unidos se ha intensificado en los últimos meses. A finales de octubre, el país caribeño recibió al buque de guerra estadounidense USS Gravely. Además, entre el 16 y el 21 de noviembre, un contingente de marines estadounidenses llevó a cabo ejercicios militares en territorio trinitense, algunos de cuyos efectivos aún permanecen en la zona.
A estas acciones se suma la instalación, a finales de noviembre, de un radar estadounidense en el nuevo aeropuerto de Tobago, la segunda isla del país y uno de sus principales polos turísticos. Según informaron las autoridades locales, el sistema aún no se encuentra operativo, aunque su presencia ha generado inquietud en Caracas.
La autorización del uso de aeropuertos, sumada a los recientes movimientos militares y al incidente del petrolero incautado, configura un escenario de creciente fricción en el Caribe, con Trinidad y Tobago posicionándose como un actor clave en una disputa regional que sigue escalando.