El caso de Nahuel Gallo, miembro de la Gendarmería Nacional Argentina detenido en una cárcel de alta seguridad en Caracas, Venezuela, ha trascendido el ámbito judicial y se ha transformado en un desafío diplomático para el Gobierno argentino. Frente a la creciente preocupación por la salud de Gallo, quien inició una huelga de hambre como forma de protesta para exigir su liberación, las autoridades nacionales han puesto en marcha una serie de contactos con actores internacionales que puedan intervenir en la compleja trama política que envuelve su situación.

Una fuente del Ejecutivo confirmó que "estamos conversando con Italia y con otros países", en referencia a los esfuerzos por encontrar interlocutores que permitan articular algún tipo de gestión que alivie la situación de Gallo. El dato no es menor: Argentina no cuenta actualmente con representación diplomática plena en Venezuela, lo que complica las rutas tradicionales de asistencia consular y obligaría a mediaciones menos convencionales.

Italia y el rol de terceros países

La aparición de Italia como parte de los esfuerzos de interlocución por el caso Gallo no es casual. Desde enero pasado, Brasil dejó de representar los intereses de Argentina en Venezuela, decisión que significó la pérdida de un canal diplomático directo para temas consulares y de protección de ciudadanos argentinos detenidos o en conflicto con la justicia venezolana. Con la partida de Brasil, la sede diplomática argentina en Caracas quedó sin funcionarios ni atención consular directa.

En este escenario de vacío institucional, altos funcionarios del entorno del Ejecutivo argentino reconocen que Italia ha tomado un rol protagónico, actuando, en términos prácticos, como puente informativo y posible mediador. Sin embargo, este medio no obtuvo confirmación oficial ni del Ministerio de Relaciones Exteriores argentino ni de la Embajada Italiana en Argentina sobre el alcance formal de esa intervención.

La situación pone de relieve la falta de canales oficiales y transparentes que permitan a las autoridades argentinas monitorear directamente la situación de un ciudadano argentino internado en un penal extranjero, algo que suele ser rutina en relaciones diplomáticas convencionales.

La encrucijada diplomática con Venezuela

La necesidad de buscar aliados internacionales para el caso Gallo deriva directamente de la ausencia de canales diplomáticos estables y oficiales con el gobierno presidido por Delcy Rodríguez en Venezuela. Sin representación consular propia y sin respaldo de Brasil como país garante, Argentina ha tenido que explorar alternativas para intentar ejercer presión o facilitar gestiones que, en otros contextos, corresponderían a la actividad de sus propias embajadas.

En este contexto, una de las principales demandas de la familia de Gallo consiste en que la Cruz Roja Internacional visite al gendarme para verificar su estado de salud tras días sin ingesta de alimentos. La falta de mecanismos formales de acceso consular o de visitas asistenciales agrava la percepción de desamparo en torno al caso.

Desde Casa Rosada, aseguran que se sigue con cautela y preocupación la evolución del cuadro de salud de Gallo, consciente de que la prolongación de la huelga de hambre puede generar consecuencias graves. El Gobierno también tiene en cuenta otros actores que podrían ser relevantes en una eventual solución, entre ellos Estados Unidos, considerado dentro del Ejecutivo argentino como un actor clave para acelerar y aportar a la liberación de Gallo.

La ley de amnistía chavista y su impacto en el caso

La situación de Gallo se complica aún más por el contexto político interno venezolano. En los últimos días, el oficialismo en Caracas impulsó una Ley de Amnistía, promulgada por Delcy Rodríguez, que tiene por objeto beneficiar con excarcelaciones a ciertos grupos de presos. Sin embargo, según el texto oficial de esa ley, los delitos alcanzados son aquellos relacionados con protestas, procesos electorales o conflictos políticos entre 1999 y 2025.

La acusación contra Gallo, en cambio, fue formulada como un caso de espionaje y sabotaje en favor de un Estado extranjero, categorías que explícitamente quedan fuera de los supuestos que contempla la amnistía venezolana. Esa claridad legal es la razón por la cual, según entienden en el oficialismo argentino, no se espera una liberación de Gallo en el corto plazo, pese a la vigencia de la norma.

La propia evaluación dentro del Gobierno sostiene que, si bien la ley de amnistía ofrece una puerta para aligerar la presión sobre el sistema carcelario venezolano, no constituye una salida aplicable al caso del gendarme argentino. Esto se suma a la percepción de que el proceso de excarcelaciones en Venezuela no ha mostrado una agilidad significativa desde su promulgación.

Un caso sin desenlace claro

Mientras el reclamo de la familia por una visita de la Cruz Roja y por la liberación de Gallo continúa, el Gobierno argentino se encuentra en una posición diplomática de avanzada pero sin herramientas directas. La búsqueda de aliados como Italia y la mirada hacia Estados Unidos ilustran la complejidad de un caso que mezcla cuestiones consulares, política internacional y derechos humanos.

Hasta que no se logre abrir un canal con las autoridades venezolanas o una intervención eficaz de terceros, Nahuel Gallo seguirá sin una voz oficial que lo represente en Caracas, agravando la tensión y el dramatismo alrededor de una huelga de hambre que ya ha sensibilizado a distintos sectores del país. La ausencia de vías diplomáticas formales destaca, más que nunca, la fragilidad de la red de protección para ciudadanos argentinos en territorios sin representación consular.