Estados Unidos deportó recientemente a cinco hombres hacia Esuatini —ex Suazilandia— como parte de una expansión del programa de deportación a terceros países, implementado durante la administración de Donald Trump. La medida, que se mantiene con bajo perfil, se suma a una reciente expulsión de ocho hombres a Sudán del Sur, otro país africano, una vez que la Corte Suprema estadounidense habilitó los traslados a naciones con las que los deportados no tienen vínculos directos.
Según publicó en la red social X la subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, los expulsados son ciudadanos de Vietnam, Jamaica, Cuba, Yemen y Laos, todos condenados por delitos graves como asesinato y abuso infantil. Uno de ellos sería un integrante de una pandilla. "Han estado aterrorizando comunidades en EE.UU., pero ya están fuera del país", señaló McLaughlin, quien compartió las fotos y los antecedentes penales de los hombres, aunque sin precisar fechas ni lugares del operativo.
Las autoridades de Esuatini no brindaron información oficial sobre la llegada de los deportados, su situación legal actual ni qué medidas tomará el país al respecto. Tampoco se conoce si existe un acuerdo formal con Washington.
Organizaciones de derechos humanos locales, como el grupo SWALIMO, expresaron su preocupación por la falta de transparencia del gobierno esuatinense, acusado desde hace años de reprimir a la oposición y limitar derechos civiles. "No hay comunicación oficial sobre ningún acuerdo con Estados Unidos, lo que impide evaluar los riesgos para la población local", advirtió su vocera, Ingiphile Dlamini.
La situación se torna más sensible al considerar que Esuatini es una de las pocas monarquías absolutas que quedan en el mundo, gobernada desde 1986 por el rey Mswati III, bajo un régimen que restringe la actividad política y ha sido acusado de persecución violenta contra activistas.
La política estadounidense de deportación a terceros países también involucra Sudán del Sur, donde el paradero de los ocho hombres enviados sigue sin confirmación. Uno de los líderes cívicos sursudaneses calificó la medida como una imposición que "convierte al país en un vertedero de criminales", y cuestionó la falta de claridad de los acuerdos bilaterales.
Mientras tanto, la administración de Trump busca ampliar este tipo de convenios en África. Algunos países, como Nigeria, se han negado, mientras que otros —como Ruanda— ya habrían iniciado conversaciones. El objetivo: aliviar el sistema migratorio estadounidense a cambio de beneficios diplomáticos o económicos.
Desde organizaciones humanitarias y sectores críticos al programa, se insiste en que estos acuerdos implican serios riesgos para los derechos humanos, especialmente cuando los deportados terminan en naciones con escasa institucionalidad y recursos limitados para su reinserción o custodia.
