El embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, aseguró que Washington buscaría desescalar una eventual crisis entre la Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas antes de evaluar cualquier otro tipo de intervención.
Las declaraciones del funcionario de la administración de Donald Trump se produjeron durante una entrevista con GB News, en la que fue consultado sobre cuál sería la posición estadounidense frente a un hipotético nuevo conflicto armado en el Atlántico Sur y, particularmente, si Estados Unidos respaldaría militarmente a Gran Bretaña.
Waltz evitó pronunciarse en términos afirmativos o negativos sobre un eventual apoyo militar. En cambio, señaló que una decisión de esa naturaleza correspondería directamente al presidente estadounidense, en su condición de comandante en jefe.
"Es una decisión del comandante en jefe", afirmó el diplomático, quien además remarcó que no se adelantaría a una eventual determinación de Trump. Sin embargo, planteó cuál sería la prioridad de Washington frente a una escalada: "Creo que buscaríamos desescalar antes de llegar tan lejos".
La definición coloca la búsqueda de una reducción de las tensiones como el primer escenario planteado por el representante estadounidense ante Naciones Unidas, sin anticipar cuál podría ser la postura de la Casa Blanca en caso de que la situación derivara en un enfrentamiento.
Una relación con ambos países
En el mismo contexto, Waltz destacó los vínculos que Estados Unidos mantiene tanto con la Argentina como con el Reino Unido. "Argentina es una gran amiga de Estados Unidos", sostuvo el embajador, al tiempo que remarcó la histórica "relación especial" entre Estados Unidos y el Reino Unido.
La referencia a ambos vínculos estuvo acompañada por una reserva respecto de cualquier eventual asistencia militar. Consultado específicamente sobre la posibilidad de que Washington brindara algún tipo de apoyo, Waltz evitó avanzar sobre una definición concreta.
"En términos de cualquier clase de apoyo más allá de eso, se lo dejaré a la Casa Blanca y al Presidente", respondió.
De esta manera, la posición expresada por el diplomático dejó sin resolver cuál sería la respuesta estadounidense ante un eventual escenario de confrontación, pero estableció que, antes de llegar a ese punto, Washington buscaría reducir la tensión entre las partes.
Las dudas sobre la posición de Trump
Las declaraciones de Waltz se produjeron luego de que Donald Trump generara incertidumbre sobre la posición de Estados Unidos frente a la disputa de soberanía por las Malvinas.
A fines de agosto, cuando fue consultado acerca de si estaba revisando la postura estadounidense respecto de las islas, Trump respondió que analizaba "cada posición".
Posteriormente, ante una pregunta relacionada con una eventual confrontación, el presidente estadounidense puso en duda la capacidad o disposición británica para volver a desplegar fuerzas a una distancia tan grande. Sin embargo, no anunció formalmente un cambio en la política estadounidense respecto de la disputa.
La cuestión también fue planteada directamente ante Trump por el primer ministro británico, Andy Burnham, durante el encuentro que ambos mantuvieron en Nueva York el 22 de septiembre, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Después de esa reunión, Burnham sostuvo: "Vamos a mantenernos firmes frente a cualquier amenaza. Defenderemos el derecho de los habitantes de las Falklands a la autodeterminación y a seguir siendo británicos".
Según el primer ministro británico, Trump comprendió la posición que le había transmitido durante el encuentro.
El petróleo en el centro de la disputa
La nueva tensión diplomática tiene además un componente económico vinculado con la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte.
El eje es el proyecto petrolero Sea Lion, desarrollado por la empresa israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration. El Gobierno argentino sostiene que las operaciones relacionadas con ese proyecto carecen de autorización nacional. En ese marco, el 4 de septiembre inició procedimientos sancionatorios contra 45 personas y empresas vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos.
Cuatro días después, el Gobierno amplió esos expedientes a otros 15 sujetos, profundizando las acciones administrativas relacionadas con las actividades hidrocarburíferas en la zona.
La Casa Rosada también anunció una denuncia penal contra distintas compañías relacionadas con esas actividades y envió al Congreso un proyecto destinado a endurecer las sanciones contra quienes exploten recursos naturales sin autorización argentina.
La disputa, por lo tanto, dejó de concentrarse únicamente en las posiciones diplomáticas sobre la soberanía y volvió a incorporar de manera central la cuestión de los recursos naturales existentes en los espacios marítimos reclamados por la Argentina.
El arbitraje internacional impulsado por Milei
El conflicto volvió a escalar el 28 de septiembre, cuando el presidente Javier Milei instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos del Gobierno a iniciar el procedimiento de arbitraje contemplado en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
Según informó oficialmente la Presidencia, el objetivo de la medida es impedir la explotación de hidrocarburos mediante Sea Lion y evitar nuevas autorizaciones relacionadas con recursos naturales en los espacios marítimos que la Argentina reclama como propios.
La decisión incorporó así una nueva instancia al conflicto, esta vez mediante el mecanismo de arbitraje previsto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. En paralelo, durante septiembre, una jueza federal argentina ordenó frenar las tareas vinculadas al proyecto hasta que se realice una evaluación ambiental.
Sin embargo, uno de los puntos abiertos de la disputa está relacionado precisamente con la posibilidad de ejecutar esa resolución fuera de la jurisdicción argentina, dado el ámbito en el que se desarrollan las actividades vinculadas con Sea Lion.
La participación de Navitas y Rockhopper
El proyecto petrolero tiene una distribución accionaria definida entre las dos compañías involucradas. Los porcentajes son:
- Navitas Petroleum: 65% del proyecto Sea Lion.
- Rockhopper Exploration: 35%.
- Primera producción de petróleo prevista: 2028.
Las compañías sostienen que cuentan con licencias válidas otorgadas por las autoridades de las islas y con el respaldo del Gobierno británico. Esa posición entra directamente en conflicto con la postura argentina, que considera que las actividades de explotación de hidrocarburos en los espacios marítimos correspondientes requieren autorización nacional.
El desarrollo de Sea Lion agrega de esta manera un componente concreto a una disputa que combina soberanía territorial, recursos naturales, decisiones empresariales y posiciones contrapuestas de los gobiernos argentino y británico.
