La tensión política y social en Venezuela ha alcanzado un nuevo punto crítico este domingo, 15 de febrero, al cumplirse las primeras 24 horas de una huelga de hambre protagonizada por familiares de personas consideradas presos políticos. La medida de fuerza, que tiene lugar en las inmediaciones del comando de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Caracas, conocido popularmente como Zona 7, surge como una respuesta desesperada ante lo que los manifestantes califican como una falta de cumplimiento sistemático a los compromisos asumidos por el Poder Legislativo. La organización no gubernamental Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) ha sido la encargada de visibilizar la situación, exigiendo la libertad inmediata y plena de todos sus seres queridos a quienes consideran injustamente recluidos en dicho recinto policial.
La protesta se desarrolla en condiciones de extrema precariedad y bajo una vigilancia constante. Las imágenes difundidas por la ONG muestran a los familiares descansando sobre colchonetas alineadas en plena vía pública, rodeados por más de una decena de efectivos policiales equipados con escudos antimotines. En el lugar, un cartel con la consigna "Libertad para todos. De Zona 7 a la libertad" preside la escena, acompañado por las fotografías de quienes aún permanecen detenidos. La huelga comenzó oficialmente a las 6:00 hora local (10:00 GMT) de este sábado, aunque el grupo manifestó que para ese momento ya acumulaban tres horas sin ingerir alimentos, marcando el inicio de una vigilia que ya ha superado su primer día completo.
El trasfondo de esta protesta extrema se encuentra en la incertidumbre jurídica que rodea a la ley de amnistía, una pieza legislativa clave que se encuentra actualmente en discusión en el Parlamento controlado por el chavismo. El pasado 6 de febrero, el presidente del Legislativo, Jorge Rodríguez, había generado profundas expectativas al prometer que la liberación de "todos" los detenidos se concretaría una vez aprobada dicha ley, estimando que el trámite concluiría a más tardar el pasado viernes. Sin embargo, el Legislativo aplazó el pasado jueves el segundo y último debate necesario para la aprobación definitiva de la norma, citando diferencias persistentes respecto a un artículo que exige a los procesados y condenados presentarse ante la Justicia.
Esta postergación ha generado un profundo sentimiento de desmoralización entre los familiares, quienes se sienten burlados por las autoridades ante una libertad que se les había presentado como inminente. Evelis Cano, madre del detenido Jack Tantak, confirmó en declaraciones a la prensa que la huelga tiene carácter de indefinida y se mantendrá firme hasta que se logre la liberación de la totalidad de los recluidos. Para los manifestantes, las promesas no cumplidas del oficialismo han agotado la vía del diálogo, dejando la protesta física como el único recurso para presionar por el cumplimiento de los acuerdos políticos.
A pesar de la huelga y las demoras parlamentarias, durante la jornada del sábado se registraron 17 excarcelaciones en el comando de Zona 7, las cuales fueron presentadas por el propio Jorge Rodríguez como un avance del proceso vinculado a la futura ley de amnistía. Entre quienes recuperaron su libertad se encuentran figuras de relevancia gremial como José Elías Torres, secretario general de la principal central de trabajadores del país, y William Lizardo, líder sindical del sector de la construcción. Asimismo, el proceso incluyó casos de alta sensibilidad social, como los jóvenes con trastorno del espectro autista Gabriel Sánchez y Gilmary Alcalá, junto a la madre de esta última, Zulma Lasala.
Este proceso de excarcelaciones y la discusión de la amnistía se enmarcan en lo que la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, ha definido como un "nuevo momento político" para la nación. Esta transición se precipitó tras la captura de Nicolás Maduro por parte de fuerzas militares de Estados Unidos en una operación realizada en Caracas el pasado mes de enero, evento que derivó en la asunción de Rodríguez al frente del Ejecutivo.
En este complejo contexto de reconfiguración del poder, la situación de los presos políticos en Zona 7 se ha convertido en una prueba de fuego para la estabilidad del nuevo gobierno y para la efectividad de las leyes de reconciliación que se debaten en el Palacio Federal Legislativo. Mientras la huelga de hambre continúa, la mirada internacional se posa sobre Caracas a la espera de que el debate parlamentario de la próxima semana destrabe finalmente la situación de quienes aún permanecen privados de su libertad.
