Narges Mohammadi, destacada activista iraní y ganadora del Premio Nobel de la Paz en 2023, fue detenida nuevamente por las fuerzas de seguridad de Irán en medio de una creciente ofensiva represiva contra intelectuales y defensores de derechos humanos. Su arresto ocurrió en la ciudad de Mashhad, ubicada a unos 680 kilómetros al noreste de Teherán, mientras participaba en una ceremonia en homenaje al abogado y defensor de derechos humanos Khosrow Alikordi, hallado muerto recientemente en circunstancias que aún generan interrogantes.
La información fue confirmada por la fundación que lleva su nombre, desde donde denunciaron que Mohammadi, de 53 años, fue "detenida violentamente" por agentes de seguridad y personal policial. Según señalaron, en el mismo operativo fueron arrestados otros activistas que se encontraban en el homenaje.
Hasta el momento, las autoridades iraníes no han emitido declaraciones oficiales sobre la detención de Mohammadi, ni se ha precisado si será inmediatamente regresada a prisión para completar la condena que tiene pendiente. La activista se encontraba fuera del penal desde diciembre de 2024 tras recibir un permiso médico por tres semanas, aunque ese periodo se extendió de manera excepcional en los meses siguientes.
Su arresto se produce en un contexto de elevada tensión interna: Irán enfrenta sanciones económicas, presiones internacionales y un clima político marcado por la represión. Además, persiste la incertidumbre en torno a un posible reinicio de la guerra con Israel y a las eventuales negociaciones con Estados Unidos sobre el programa nuclear iraní, algo que Teherán ha insinuado querer retomar.
La situación generada por la detención de Mohammadi podría aumentar el costo diplomático para el régimen, dado el alto perfil de la activista y su constante visibilidad internacional. Su Nobel de la Paz, otorgado por su lucha contra la opresión de las mujeres y por su defensa incansable de los derechos humanos, profundiza la mirada global sobre su caso.
Un homenaje bajo vigilancia y nuevas sospechas
La ceremonia donde fue detenida Mohammadi buscaba recordar a Khosrow Alikordi, un abogado de 46 años que trabajaba en Mashhad y que había sido previamente hostigado por las fuerzas de seguridad y el Poder Judicial. Fue encontrado muerto a principios de mes en su oficina. Si bien las autoridades informaron que sufrió un ataque cardíaco, su fallecimiento coincidió con un refuerzo de las medidas de seguridad en la región, lo que alimentó especulaciones dentro de la comunidad de derechos humanos. Más de 80 abogados firmaron una declaración exigiendo transparencia en la investigación.
En imágenes difundidas por la fundación de la activista, Mohammadi aparece hablando ante la multitud sin usar el hiyab obligatorio. En un momento, pidió a los presentes que corearan el nombre de Majidreza Rahnavard, un hombre ejecutado públicamente en 2022. La ausencia del velo, sumada a su continua exposición pública, la convertían en blanco constante de la vigilancia estatal.
Un permiso médico que nunca garantizó seguridad
Mohammadi había salido temporalmente de prisión por razones de salud, tras un historial crítico que incluye múltiples ataques cardíacos, una cirugía de emergencia en 2022 y el hallazgo de una lesión ósea que generó preocupación por un posible cáncer. Su abogado señaló a finales de 2024 que necesitaba exámenes periódicos, rehabilitación y atención cardíaca especializada.
Aun así, durante su tiempo fuera del penal, Mohammadi continuó con su activismo: participó en actos públicos, realizó denuncias en medios internacionales y llegó a manifestarse frente a la prisión de Evin, donde estuvo encarcelada en varias oportunidades.
Su historial es uno de los más duros entre los presos políticos de Irán: fue detenida 13 veces y condenada en cinco causas distintas, acumulando más de 30 años de prisión. La última detención previa había ocurrido en 2021, cuando asistía a un homenaje a una víctima de las protestas que estremecieron al país.
La nueva detención vuelve a colocar a Mohammadi en el centro del debate mundial sobre la situación de derechos humanos en Irán y deja en evidencia la persistente persecución estatal contra las voces críticas, especialmente en un contexto político y social cada vez más restrictivo.