Una grave denuncia sacudió la esfera de los derechos humanos en Venezuela. El Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela (CLIPPVE) informó este sábado la detención arbitraria y desaparición forzada de cuatro miembros de una familia en el estado Carabobo, entre ellos una niña de dos años, un adolescente de 17, su abuela de 72, y su madre.
Según el comunicado del CLIPPVE, el 4 de septiembre, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) irrumpieron sin orden judicial en una vivienda en Paso Real y detuvieron a Miriam Fernández Ruiz, de 72 años, y a su nieto Miguel Ángel Guillén Ibarra, de 17. Un día después, Miguel fue obligado a contactar a su hermana, Chantal Niulany Guillén, de 21 años, para que se presentara en la sede de la PNB. Al acudir con su hija, Nicole de Los Ángeles Palermo, de 2 años, ambas fueron detenidas.
Desde entonces, el paradero de los cuatro familiares es desconocido. La organización denunció que las autoridades niegan información oficial, impidiendo la comunicación y el acceso a familiares y abogados. El CLIPPVE calificó el hecho de "desaparición forzada" y lo definió como una violación "aberrante" que se inscribe en la "práctica sistemática de represalias contra familiares", una táctica conocida como Sippenhaft, que busca sembrar el miedo en la sociedad.
Líderes opositores, como Edmundo González Urrutia y Corina Machado, condenaron el acto. González Urrutia escribió en redes sociales que se trata de "barbarie" y que una "niña inocente [fue] convertida en rehén del poder". Su partido, Vente Venezuela, responsabilizó directamente a Tarek William Saab, fiscal general del régimen; a Diosdado Cabello, número dos; y al propio dictador Nicolás Maduro por cualquier daño que pueda sufrir la familia.
El CLIPPVE exige al Estado venezolano que informe de inmediato el paradero de los detenidos, garantice su integridad física y proceda a su liberación incondicional. La organización recordó que este tipo de delitos constituye un crimen de lesa humanidad. Además, hizo un llamado a la comunidad internacional, y en especial a UNICEF, para que intervengan y resguarden los derechos de la infancia.
Otros casos de detenidos políticos
El suceso de la familia Guillén se suma a una serie de detenciones de familiares de opositores. Mariana González, hija de Edmundo González Urrutia, denunció este sábado que no tiene comunicación con su esposo, Rafael Tudares, desde su detención el 7 de enero. En una carta, González afirmó que su familia se mantiene "fuerte" y "no se ha rendido".
La escalada de detenciones se produce en un contexto de creciente tensión entre Venezuela y Estados Unidos. El pasado viernes, Maduro pidió diálogo con Washington, horas después de que el presidente Donald Trump amenazara con derribar aviones militares venezolanos si representan un peligro para sus fuerzas. Las tensiones se intensificaron tras un ataque letal de Estados Unidos a una embarcación venezolana.
