La historia de Bernarda Vera Contardo, una militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) incluida durante décadas en los registros oficiales de desaparecidos y ejecutados del régimen de Augusto Pinochet, tomó un giro inesperado. Según una investigación periodística, la mujer habría vivido en la localidad bonaerense de Miramar, lo que llevó al gobierno de Chile a reconstruir su trayectoria y a revisar documentos en distintos países, incluido Suecia.
El caso estalló tras un informe televisivo que ubicó a la exprofesora chilena —detenida el 10 de octubre de 1973 y presuntamente ejecutada en el puente de Villarrica sobre el río Toltén, en la región de la Araucanía— residiendo en territorio argentino. Los antecedentes figuran en los archivos del Museo de la Memoria y en el Informe Rettig, que la identificó como víctima de desaparición forzada.
Ante la conmoción que generó la noticia, la Cancillería de Chile difundió un comunicado donde explicó las gestiones realizadas para esclarecer el caso. Según el documento, el Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia solicitó el 4 de junio de 2024 información a la Dirección de Servicios Consulares para determinar si Bernarda Vera figuraba en los registros de consulados chilenos en Argentina. Dos meses después, la respuesta fue negativa.
Sin embargo, la investigación no se detuvo. El 10 de abril de 2025, el Plan Nacional de Búsqueda Verdad y Justicia —una política pública destinada a reconstruir las trayectorias de las víctimas de la dictadura entre 1973 y 1990— pidió a la Subsecretaría de Relaciones Exteriores iniciar contactos con Suecia. El objetivo: confirmar si la mujer había obtenido la nacionalidad sueca durante la década del 80 bajo su nombre o alguna variación.
La pista sueca
La respuesta del gobierno escandinavo llegó el 13 de mayo de 2025: Suecia confirmó que había otorgado la nacionalidad a una persona llamada Bernarda Vera en calidad de refugiada. Ante este dato, el programa chileno de derechos humanos solicitó ampliar la información, indagando sobre las circunstancias del otorgamiento y los antecedentes personales o familiares declarados.
El 13 de junio, la Cancillería chilena recibió nuevos documentos de la Agencia Tributaria y de Registros Personales de Suecia (Skatteverket). No obstante, el comunicado oficial evitó detallar qué tipo de información fue aportada, manteniendo la reserva por respeto a la privacidad de la familia.
Una historia que desafía la memoria oficial
Bernarda Vera —conocida como "Anita" en su entorno militante— figura entre las 1.162 víctimas reconocidas en el Informe Rettig. El boletín del Plan Nacional de Búsqueda, difundido en septiembre, reconoció que algunos casos presentaban "incongruencias" con los registros históricos. En uno de ellos, se mencionó a una persona condenada a muerte en 1973, que habría sido vista fuera de Chile años después.
Estos indicios llevaron a una investigación administrativa y, finalmente, a la cobertura periodística de Chilevisión, que situó a Vera en Miramar. La hipótesis de que una mujer considerada desaparecida durante medio siglo haya sobrevivido y vivido fuera del país sacude la memoria colectiva chilena y reabre una de las heridas más sensibles del pasado reciente.
