En una nueva muestra de su ofensiva contra los sectores disidentes, el régimen de Nicolás Maduro sumó a la Iglesia católica a su lista de adversarios. El gobierno venezolano impidió que el cardenal Baltazar Porras participara en los actos de canonización de los santos José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, mientras anunció la reactivación de una aplicación digital que servirá para denunciar a quienes critiquen al chavismo.

El cardenal Porras denunció que el Ejecutivo le prohibió viajar a Trujillo para oficiar una misa en honor a José Gregorio Hernández, el primer santo venezolano junto a Carmen Rendiles, reconocidos recientemente por el Vaticano. "Me impidieron trasladarme por aire y tierra. Militares rodearon la zona y alegaron riesgo de disturbios", reveló Porras, quien calificó el veto como un acto arbitrario y sin fundamento.

Según relató el cardenal en su cuenta de Instagram, la noche del 24 de octubre recibió un llamado del viceministro de Culto advirtiéndole sobre la "inconveniencia" de su presencia en los actos religiosos. Posteriormente, le informaron por correo electrónico y WhatsApp que su vuelo de Conviasa había sido suspendido hasta el 28 de octubre. Sin embargo, comprobó que el vuelo se realizó con normalidad. Ante la negativa oficial, contrató un vuelo privado que fue desviado a Barquisimeto bajo el pretexto de "fuertes vientos" en el aeropuerto de Trujillo.

Ya en tierra, Porras se topó con un inusual despliegue militar en Valera, donde las fuerzas de seguridad impidieron su traslado hacia Isnotú, el pueblo natal del santo. "Intenté continuar por tierra, pero no me lo permitieron. Sin explicaciones, tuve que regresar a Caracas", señaló.

El conflicto con la Iglesia no es nuevo. Desde hace más de dos décadas, el chavismo mantiene tensas relaciones con el Episcopado, que ha denunciado la falta de libertades y las violaciones de derechos humanos en Venezuela. La reciente exigencia de los obispos por la liberación de 900 presos políticos y las críticas a la decisión de Maduro de adelantar la Navidad al 1° de octubre —una maniobra considerada distractora ante la crisis económica— encendieron la furia del mandatario. "No van a contradecir la decisión del pueblo de celebrar las festividades desde octubre", replicó Maduro.

La líder opositora María Corina Machado expresó su repudio a lo sucedido y advirtió sobre una "escalada represiva". "En las últimas horas, el régimen ha agredido directamente a nuestro cardenal Baltazar Porras", publicó en sus redes sociales.

La nueva herramienta de espionaje

Paralelamente, el gobierno venezolano reactivó la aplicación "VenApp", una herramienta inicialmente destinada a reportar fallas en los servicios públicos —como cortes eléctricos o fugas de agua— que ahora tendrá un uso político: permitir que los ciudadanos denuncien a quienes "hablen mal del gobierno".

"Queremos que la VenApp o una versión ampliada permita reportar todo lo que se vea y escuche para que las autoridades puedan actuar", anunció Maduro. De esa forma, el sistema se transformará en un canal de vigilancia social en manos del Estado.

La decisión llega en un contexto de creciente tensión internacional, con el despliegue de buques de la flota estadounidense en el Caribe, frente a las costas venezolanas, bajo el argumento de combatir al narcotráfico. Según fuentes opositoras, el chavismo planea usar la aplicación para sancionar a quienes se expresen favorablemente sobre la presencia norteamericana.

El primer blanco sería el dirigente Leopoldo López, a quien el régimen busca despojar de su nacionalidad y pasaporte venezolano por haber respaldado públicamente la intervención de Estados Unidos. "Es una medida al estilo del régimen nicaragüense de Daniel Ortega", denunciaron desde su entorno.

Organismos internacionales alertaron sobre los riesgos de esta medida. Amnistía Internacional advirtió que la VenApp podría convertirse en "una herramienta de persecución y delación" contra los disidentes, al permitir la identificación, acusación o intimidación de quienes opinen en contra del gobierno. También alertaron que el sistema se prestará para venganzas personales, familiares o vecinales, profundizando el clima de miedo y autocensura en el país.