El gobierno de Nicaragua anunció la liberación de decenas de personas detenidas en el sistema penitenciario nacional, una medida que se produce en un contexto de creciente presión internacional, particularmente por parte de Estados Unidos, y que vuelve a poner en el centro del debate la situación de los derechos humanos en el país centroamericano.
El anuncio fue realizado el sábado por el Ministerio del Interior de Nicaragua, luego de una semana marcada por un endurecimiento del tono de Washington hacia los gobiernos aliados del eje regional, tras la captura del exlíder venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, un hecho que reconfiguró el tablero político y diplomático en América Latina
Según informó la cartera nicaragüense, "regresan a sus hogares y familias decenas de personas que estuvieron en el Sistema Penitenciario Nacional", aunque el comunicado oficial no precisó quiénes fueron los liberados, ni bajo qué condiciones se produjo la excarcelación. Hasta el momento, el gobierno de Daniel Ortega no respondió a las solicitudes de comentarios realizadas por la prensa internacional para ampliar detalles sobre la medida.
Desde Washington, la embajada de Estados Unidos en Managua valoró positivamente las liberaciones ocurridas en Venezuela, a las que calificó como un "paso importante hacia la paz", pero expresó su preocupación por la situación en Nicaragua. En ese sentido, advirtió que en el país "más de 60 personas siguen injustamente detenidas o desaparecidas", entre ellas pastores, trabajadores religiosos, personas enfermas y adultos mayores, lo que refuerza las denuncias de detenciones arbitrarias.
La liberación de los detenidos se da en un escenario de represión sostenida desde las protestas sociales masivas de 2018, que fueron reprimidas violentamente por las fuerzas de seguridad nicaragüenses. Desde entonces, organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos han documentado una política sistemática de persecución contra opositores políticos, líderes religiosos, periodistas, activistas y referentes sociales.
De acuerdo con estos informes, el gobierno de Ortega no solo ha encarcelado a sus críticos, sino que en muchos casos los ha expulsado del país, despojándolos de su ciudadanía nicaragüense y de sus bienes. Desde 2018, las autoridades han cerrado más de 5.000 organizaciones, en su mayoría de carácter religioso, y han obligado a miles de personas a huir al exilio. Las acusaciones oficiales suelen girar en torno a supuestas conspiraciones contra el Estado.
En años recientes, Managua ya había liberado a cientos de presos políticos, críticos y activistas, a quienes posteriormente les retiró la nacionalidad y los envió a otros países, entre ellos Estados Unidos y Guatemala. Para distintos observadores internacionales, estas decisiones responden a una estrategia para descomprimir la presión externa y contrarrestar las críticas en materia de derechos humanos, aunque a un alto costo humano, ya que muchos de los liberados quedaron en condición de apátridas.
La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado estadounidense volvió a cuestionar duramente al gobierno nicaragüense este sábado a través de la red social X. "Los nicaragüenses votaron por un presidente en 2006, no por una dinastía ilegítima vitalicia", señaló el organismo, y agregó que "reescribir la Constitución y aplastar a la disidencia no borrarán las aspiraciones de los nicaragüenses de vivir libres de la tiranía".
Desde el ámbito de los derechos humanos, Danny Ramírez Ayérdiz, secretario ejecutivo de la organización nicaragüense CADILH, expresó sentimientos encontrados ante las liberaciones anunciadas. "Por un lado me alegra. Todos los presos políticos sufren algún tipo de tormento. Pero, por otro, sé que estas personas van a seguir siendo hostigadas, vigiladas y monitoreadas por la policía, al igual que sus familiares", advirtió.
Ramírez Ayérdiz sostuvo además que la decisión del gobierno de Ortega responde directamente a la presión ejercida por Washington. "Hay mucho temor dentro del régimen de que Estados Unidos lo disuelva por completo", afirmó, en referencia al impacto que podría tener un mayor aislamiento internacional sobre la continuidad del actual modelo de poder en Nicaragua.