El gobierno de Perú anunció este lunes la ruptura de sus relaciones diplomáticas con México, luego de que se confirmara que la ex primera ministra Betssy Chávez, procesada por su presunta participación en el intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo en diciembre de 2022, recibió asilo político en la residencia de la embajada mexicana en Lima.

El canciller peruano, Hugo de Zela, expresó en conferencia de prensa que la decisión fue tomada con "profundo pesar", pero sostuvo que el país no podía pasar por alto lo que consideró una nueva intromisión del gobierno mexicano en los asuntos internos del Perú.

"Hoy hemos conocido con sorpresa y con profundo pesar que la ex premier Betssy Chávez, presunta coautora del golpe de Estado que pretendió consumar el expresidente Pedro Castillo, está siendo asilada en la residencia de la embajada de México en el Perú", señaló De Zela.

El funcionario añadió que, ante lo que calificó como un acto inamistoso, el Ejecutivo encabezado por Dina Boluarte resolvió romper relaciones diplomáticas con México, aunque aclaró que los vínculos consulares se mantendrán activos para garantizar la atención de ciudadanos de ambos países.

"Nuestros compatriotas en México continuarán bajo la protección de nuestro cónsul, y los mexicanos que viven en el Perú seguirán recibiendo la asistencia de sus autoridades consulares", explicó.

El canciller también criticó las declaraciones recientes de la presidenta de México, quien había calificado al expresidente Pedro Castillo como "un perseguido político". Según De Zela, esa postura "pretende convertir a los autores del intento de golpe de Estado en víctimas" y desconoce el consenso internacional sobre la legitimidad democrática en el Perú.

Un caso judicial de alto perfil

Betssy Chávez, ex jefa de gabinete de Castillo, enfrenta procesos judiciales por su presunta participación en el intento de disolver el Congreso y convocar una Asamblea Constituyente, medida que derivó en la destitución y arresto del exmandatario el 7 de diciembre de 2022.

En septiembre pasado, el Poder Judicial peruano impuso una orden de impedimento de salida del país por 10 meses, a pedido de la fiscal suprema Zoraida Ávalos. La medida fue adoptada después de que el Tribunal Constitucional anulara su prisión preventiva y ordenara su excarcelación, tras ocho días detenida en el penal Anexo Mujeres de Chorrillos.
Actualmente, Chávez se encuentra bajo restricciones judiciales que incluyen el control biométrico semanal, la prohibición de salir de Lima sin autorización judicial y la obligación de presentarse ante las autoridades cada vez que sea requerida.

La Fiscalía ha solicitado una pena de 26 años de prisión para Chávez y 34 años para Castillo, además de la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante más de tres años. Según estimaciones judiciales, el juicio oral podría concluir antes de fin de año, y las medidas restrictivas seguirán vigentes al menos hasta 2026.

Una relación marcada por tensiones

Las relaciones entre Lima y Ciudad de México se deterioraron profundamente desde la destitución de Pedro Castillo. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador calificó en ese momento la salida de Castillo como "ilegal" y se refirió a la actual mandataria, Dina Boluarte, como una "presidenta espuria".

En respuesta, Perú declaró persona non grata a López Obrador y retiró a su embajador. México, por su parte, redujo al mínimo sus relaciones diplomáticas y comerciales, condicionando su restablecimiento a un "retorno pleno del orden democrático" en el país andino.
El anuncio del asilo a Betssy Chávez marca un nuevo punto de quiebre en una relación ya frágil, y podría tener consecuencias tanto políticas como económicas en el corto plazo, en un contexto de creciente polarización en la región.