La República de Cuba atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente. Acorralada por un virtual colapso energético y bajo la intensa presión diplomática y económica de la administración de Donald Trump, la Revolución cubana ha buscado exhibir fuerza letal para demostrar que mantiene un control férreo sobre el país. El detonante de esta nueva escalada fue la denuncia de una fallida "infiltración terrorista" en las costas de la isla, protagonizada por un grupo de residentes en Estados Unidos, que dejó un saldo de cuatro fallecidos y un clima de profunda incertidumbre internacional.
El presidente Miguel Díaz-Canel utilizó su cuenta en la red social X para fijar la postura oficial del Estado, asegurando que Cuba no agrede ni amenaza, pero que se defenderá con determinación y firmeza frente a cualquier agresión mercenaria que pretenda afectar su soberanía. Este discurso combativo busca movilizar las fibras más sensibles de la narrativa revolucionaria, evocando hitos como la invasión de 1961 en Bahía Cochinos (Playa Girón), organizada por la CIA y calificada por el oficialismo como la primera derrota del imperialismo en América Latina, mientras que el exilio en Miami lo cataloga simplemente como una pieza de propaganda política.
El operativo en aguas cubanas y el factor de la moral militar
Los hechos, según el reporte del ministerio del Interior, ocurrieron el pasado miércoles cuando una lancha rápida fue detectada en aguas jurisdiccionales cubanas. La nota oficial indica que el grupo, compuesto originalmente por diez personas, no acató la orden de detenerse y abrió fuego contra las tropas de guardacostas, lo que desencadenó una respuesta que resultó en la muerte de cuatro tripulantes. Tras la neutralización del grupo, las autoridades informaron la incautación de un arsenal compuesto por fusiles de asalto, armas cortas, artefactos explosivos artesanales, chalecos antibalas, mirillas telescópicas y uniformes de camuflaje.
Para analistas como Raudiel Peña, esta respuesta es, ante todo, una operación destinada a subir la moral de las Fuerzas Armadas y de seguridad cubanas. El experto sostiene que tras el fracaso operativo del 3 de enero en Venezuela, donde Cuba perdió a 32 de sus agentes que custodiaban a Nicolás Maduro durante un ataque estadounidense, la Revolución necesitaba mostrar músculo. En este escenario, ya sea que estas personas intentaran una infiltración o una operación de tráfico de personas, la respuesta letal opera como un justificante de la movilización militar y de los ejercicios que se desarrollan cada fin de semana en la isla.
Dudas en Miami y el perfil de los involucrados
A pesar de la contundencia del relato de La Habana, las contradicciones comenzaron a emerger rápidamente desde la Florida. El gobierno cubano identificó con nombre y apellido a los supuestos atacantes, pero la versión sufrió un revés cuando Roberto Azcorra Consuegra, señalado por la isla como uno de los heridos, apareció públicamente en Estados Unidos para desmentir su participación. Azcorra Consuegra afirmó encontrarse bien y denunció como algo muy grave que se confirmara su identidad cuando él no es la persona que está muerta ni herida en las fotos divulgadas por el operativo.
Por otro lado, desde Miami sí se confirmaron las intenciones de otros integrantes, como es el caso de Michel Ortega Casanova, uno de los abatidos. Wilfredo Beyra, responsable en Tampa del Partido Republicano de Cuba, admitió que Ortega Casanova quería ir a combatir contra lo que denominó una narcotiranía criminal, con la esperanza de que su acción prendiera una chispa para un levantamiento popular. A esta trama se suma la denuncia del dueño de la lancha utilizada, quien afirmó mediante un audio divulgado por Univisión que la embarcación fue robada por un muchacho al que consideraba una persona noble y tranquila, cuya muerte aún no ha podido confirmar.
El contacto interno y la cautela de Washington
Un elemento clave en la narrativa oficial es la detención en Cuba de Duniel Hernández Santos, un ciudadano que habría sido enviado desde los Estados Unidos para garantizar la recepción de la infiltración armada y que actualmente se encuentra confeso. Hernández Santos es un ex detenido en Estados Unidos que fue deportado a la isla hace dos años, aunque regresó nuevamente en 2024. Mientras que en los círculos revolucionarios se sospecha que fue un agente plantado por la inteligencia norteamericana, los analistas ven en su arresto una pieza necesaria para justificar el estado de alerta permanente en la población.
A diferencia de otras ocasiones, la respuesta del gobierno de Donald Trump ha sido de una cautela estratégica. El secretario de Estado, Marco Rubio, negó cualquier involucramiento de su país y aseguró que la Casa Blanca recopilará información propia antes de responder en consecuencia. En paralelo, el fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció una investigación junto con autoridades federales, subrayando que el gobierno cubano no es de fiar. Mientras la desconfianza mutua crece, el incidente queda como un recordatorio de las tensiones históricas que, en medio de la crisis energética cubana, vuelven a poner al Estrecho de la Florida en el centro de la disputa geopolítica.
