Uruguay marcó un hito en la historia de los derechos civiles de América Latina. Este miércoles, el Senado aprobó el proyecto de Muerte Digna, una norma que legaliza la eutanasia y que posiciona al país como el primero de la región en contar con una ley específica sobre el tema.
La iniciativa, que cuenta con el respaldo del Frente Amplio y de legisladores de distintos partidos, busca garantizar el derecho de las personas a "transcurrir dignamente el proceso de morir". Establece la despenalización de la eutanasia para mayores de edad psíquicamente aptos que se encuentren en etapa terminal de enfermedades incurables e irreversibles, o que padezcan sufrimientos físicos o psíquicos insoportables.
La norma permitirá que accedan tanto ciudadanos uruguayos como residentes extranjeros que acrediten su domicilio habitual en el país. El procedimiento estará regulado por una serie de pasos médicos y legales inspirados en los modelos de Bélgica y los Países Bajos, donde la práctica es legal desde 2002.
El texto fue impulsado en 2020 por Ope Pasquet, ex legislador del Partido Colorado, y recibió 64 votos a favor y 29 en contra cuando fue aprobado en la Cámara de Diputados hace dos meses. Con el respaldo del oficialismo y de sectores del Partido Nacional, se espera que el proyecto obtenga la sanción definitiva este miércoles en el Senado.
El debate legislativo llegó acompañado de un fuerte apoyo social. De acuerdo con una encuesta de la consultora Cifra, el 62% de los uruguayos está a favor de la eutanasia y solo un 24% se opone. Además, entre 2022 y 2025, el nivel de aprobación social creció siete puntos porcentuales, lo que evidencia un cambio cultural profundo en torno al final de la vida.
Antecedentes en la región
Aunque Uruguay será el primer país latinoamericano en contar con una ley de eutanasia, otros países de la región han avanzado por la vía judicial. En Colombia, la práctica fue despenalizada por la Corte Constitucional en 1997, y en 2015 se realizó el primer procedimiento legal. Desde 2021, también está autorizada para personas con enfermedades graves no terminales. En 2023 se registraron 270 eutanasias, casi un 50% más que el año anterior, según datos del Laboratorio DescLAB.
En Ecuador, la Corte Constitucional despenalizó la eutanasia en febrero de 2024, tras un fallo considerado histórico. Aunque aún no hay una ley específica, el Ministerio de Salud emitió un reglamento transitorio que fija criterios médicos y psicológicos para acceder a la práctica. La primera eutanasia legal del país se llevó a cabo en mayo de 2025.
Por su parte, Argentina cuenta desde 2012 con la Ley 26.742, conocida como de "muerte digna", que permite rechazar tratamientos médicos o de hidratación artificial, pero no habilita la eutanasia activa.
En México, 20 de los 32 estados han aprobado leyes de "voluntad anticipada" que permiten suspender tratamientos, aunque la eutanasia activa continúa prohibida por la Ley General de Salud. Según una encuesta de 2022, siete de cada diez mexicanos se mostraron a favor de la eutanasia.
En contraste, Brasil mantiene una postura más conservadora: la eutanasia sigue considerada homicidio y no forma parte del debate político o legislativo actual.
Un cambio regional
A nivel continental, el antecedente más relevante fuera de América Latina es Canadá, que legalizó la eutanasia en 2016 tras un fallo del Tribunal Supremo. En 2023, más de 15.300 personas accedieron a la ayuda médica para morir, un 15,8% más que el año anterior.
Con la sanción definitiva del proyecto de Muerte Digna, Uruguay se coloca a la vanguardia de los derechos individuales en América Latina. La aprobación de la ley no solo abre un nuevo capítulo en la legislación del país, sino que también podría impulsar el debate regional sobre el derecho a decidir cómo y cuándo morir.