El futuro de la denuncia por fraude financiero que sacude los cimientos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha entrado en una fase de definiciones críticas. En el centro de la escena se encuentra un voluminoso cuerpo de evidencia: más de 3.000 páginas de registros bancarios vinculados a la empresa TourProdEnter, propiedad del empresario Javier Faroni y su esposa Erica Gillette.
Esta documentación, obtenida a través de rigurosos procedimientos de información en la justicia de los Estados Unidos, constituye la columna vertebral de una investigación que busca desentrañar una presunta trama de administración fraudulenta y asociación ilícita que involucra a la cúpula de la entidad madre del fútbol nacional.
La Justicia argentina debe resolver ahora una cuestión de competencia que determinará no solo quién juzgará los hechos, sino también la integridad de la estrategia procesal. Si la Cámara Criminal y Correccional ratifica la decisión previa de la jueza Paula Petazzi, la totalidad de las pruebas y el expediente pasarán al Juzgado Federal 2 de Lomas de Zamora, un movimiento que podría alterar drásticamente el curso de las investigaciones conexas y los tiempos de la causa.
La disputa legal se originó formalmente el pasado 29 de diciembre, cuando el empresario Guillermo Tofoni impulsó una denuncia contra la cúpula de la AFA, encabezada por Claudio "Chiqui" Tapia, además de Faroni y Gillette. Tofoni optó por la justicia penal y correccional tras haber enfrentado reveses previos en la vía federal. Sin embargo, la celeridad de la fiscal Silvana Russi cambió el panorama al solicitar, apenas un día después, la remisión de la causa al fuero federal de Lomas de Zamora.
El argumento de la fiscalía fue contundente: ante la naturaleza y complejidad de los hechos, resulta imperativo evitar investigaciones paralelas. Según Russi, la magnitud del caso requiere una visión conjunta que integre los movimientos financieros, los vínculos contractuales y las estructuras societarias involucradas para evitar superposiciones innecesarias. Esta postura fue compartida por la jueza Petazzi, quien declinó su competencia el 2 de enero, provocando la apelación de Tofoni que hoy debe resolver el camarista Ignacio Rodríguez Varela en la Sala V.
Sociedades en Florida y los USD 42 millones bajo sospecha
Mientras se define la competencia, el juez federal Luis Armella ha avanzado significativamente en la investigación de presuntas maniobras de lavado y desvío de fondos. El foco está puesto en cuatro sociedades constituidas en el estado de Florida, Estados Unidos, que presentan irregularidades alarmantes según la documentación enviada desde el exterior:
- Soagu Services LLC
- Marmasch LLC
- Velp LLC
- Velpasalt LLC
De acuerdo con los documentos bancarios, estas entidades habrían recibido una suma cercana a los USD 42 millones, a pesar de no registrar empleados ni poseer una actividad comercial declarada. Esta inconsistencia patrimonial ha puesto en alerta a los investigadores, y se espera que en las próximas horas se activen nuevas medidas sobre los bienes de los implicados para evitar el vaciamiento de activos o la obstrucción de la justicia.
Hallazgos en Viamonte y la "Mansión de Pilar"
El receso de enero no detuvo la actividad judicial ni la recolección de pruebas clave. Durante la feria, el juez Armella ordenó allanamientos en el domicilio de Faroni en Nordelta y en la emblemática sede de la AFA en la calle Viamonte. Los resultados fueron reveladores: se incautó el contrato entre la AFA y TourProdEnter, el cual estipula beneficios extraordinarios para la empresa de Faroni que despiertan sospechas sobre la administración de los fondos del fútbol.
Detalles del contrato: Desde diciembre de 2021, TourProdEnter percibe el 30% de todos los ingresos comerciales generados en el exterior y un 10% adicional sobre todas las salidas de dinero destinadas a logística.
Paralelamente, otra ramificación de la causa se desarrolla en Campana. El juez Adrián González Charvay analiza el expediente relativo a la denominada "mansión de Pilar". Esta investigación fue transferida a su jurisdicción tras el pedido de los presuntos testaferros Luciano Pantano y Ana Conte. Los implicados han fijado domicilio legal en la sede de Mercedes 1.366, en Pilar, un sitio que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) señala como parte de una maniobra para evadir controles y donde solo se halló un cartel indicando: "Próximamente, sede social y museo de los campeones del mundo".
La cúpula de la AFA ha comenzado a articular su defensa formal ante la gravedad de las acusaciones. Tras ser asistidos inicialmente por un defensor oficial, los dirigentes designaron al abogado Alejandro Higa, conocido por haber liderado en 2024 el amparo contra la transformación de los clubes en sociedades anónimas deportivas.
La resolución de la Cámara Federal de La Plata será el próximo hito en este proceso. De su decisión depende si el juzgado de Lomas de Zamora retiene la competencia o si se debe sortear un nuevo magistrado, un paso que definirá si la justicia logra finalmente perforar la compleja trama financiera que rodea a la máxima institución del fútbol argentino y si las 3.000 páginas enviadas por EE.UU. derivan en condenas efectivas.