En un fallo de gran trascendencia para la criminalidad organizada en la Ciudad de Buenos Aires, el juez federal Sebastián Casanello dictó el procesamiento de nueve hombres acusados de montar un engranaje de explotación sexual en pleno corazón de Recoleta. La investigación, que se extendió por años, permitió descorrer el velo de D'Lirio, un establecimiento ubicado en Vicente López 2134, justo frente al cementerio, que operaba formalmente como bar y boliche bailable, pero que en realidad funcionaba como un espacio de explotación clandestina de alta gama.
El magistrado no solo avanzó sobre las responsabilidades penales de los involucrados, sino que aplicó un golpe financiero contundente al ordenar embargos por 7.800 millones de pesos, la prohibición de salida del país para todos los imputados y la inhibición general de bienes de la firma Gran Recoleta S.A. Esta estructura societaria era utilizada para otorgar una pátina de legalidad a la actividad ilícita, permitiendo obtener habilitaciones y camuflar el flujo de dinero proveniente de la explotación.
El origen de la sospecha y el rol de la Justicia
La caída de esta compleja organización comenzó el 6 de abril de 2022, cuando una denuncia anónima a la Línea 145 alertó sobre la existencia de un prostíbulo disfrazado de bar. El reporte describía un escenario de vulnerabilidad extrema, mencionando la presencia de menores de edad, venta de estupefacientes y una posible connivencia con fuerzas de seguridad. Bajo la dirección de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12, liderada por la fiscal Alejandra Mángano, y con el apoyo especializado de la PROTEX, se inició una pesquisa que culminó en un allanamiento masivo el 9 de julio del año pasado.
Durante el operativo, las autoridades lograron identificar a 50 mujeres, de las cuales 43 fueron categorizadas bajo la figura de "presencias" por el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata. Entre las víctimas rescatadas se constató la presencia de dos menores de edad, un agravante que pesó fuertemente en la calificación legal de los procesamientos.
Una estructura empresarial al servicio del delito
La banda no operaba de forma azarosa, sino a través de una jerarquía rígidamente definida. La organización contaba con tres líderes principales, de los cuales uno falleció el año pasado, quienes utilizaban a la sociedad Gran Recoleta S.A. como el paraguas legal para el negocio. Debajo de ellos, la división del trabajo era milimétrica: un acusado se encargaba específicamente de las entrevistas y el contacto inicial con las mujeres, mientras otro supervisaba la administración general y la incorporación de nuevo personal. A esto se sumaba un responsable de captación a través de redes sociales y un gestor de reservas encargado de registrar meticulosamente las ganancias del local.
El esquema se completaba con cuatro imputados dedicados a tareas operativas, que incluían el registro de las mujeres, la recepción del dinero y la coordinación logística diaria. Asimismo, existía un grupo denominado "los públicas", cuya función exclusiva era la captación de víctimas mediante recomendaciones personales o abordando a mujeres que frecuentaban otros locales nocturnos de la zona, asegurando así un flujo constante de personas para ser explotadas.
Modus Operandi: Control, engaño y explotación
El sistema de explotación se basaba en el engaño y la coacción económica. Las mujeres eran atraídas mediante ofertas engañosas de "copas" o "presencias", pero una vez dentro del boliche, eran obligadas a interactuar con clientes exclusivos para incentivar el consumo de alcohol. El control era absoluto: el personal de seguridad y de caja monitoreaba cada ingreso y egreso, mientras que un sistema de cámaras de vigilancia garantizaba que ninguna mujer evadiera las normas impuestas por la organización.
Las condiciones económicas eran leoninas, con pagos fijos de entre 7.000 y 20.000 pesos por noche, condicionados estrictamente a que la mujer no se retirara antes de las 6:00 de la mañana. Según la investigación, este pago base era tan bajo que apenas cubría los gastos de traslado, lo que empujaba a las víctimas a aceptar los denominados "pases" fuera del local para poder sobrevivir. Estos encuentros sexuales, realizados generalmente en hoteles cercanos, oscilaban entre los 150 y 500 dólares, de los cuales los organizadores delictivos retenían un piso mínimo de 100 dólares por cada salida.
El fantasma de Madaho's y la ruta del dinero
Uno de los puntos más reveladores del fallo de Casanello es la conexión histórica del establecimiento. El análisis de las sociedades comerciales y los movimientos bancarios demostró que D'Lirio era la continuación de Madaho's, un prostíbulo emblemático de la zona que ya había sido desbaratado años atrás por delitos similares. La investigación financiera detectó que la organización movió aproximadamente 1.500 millones de pesos entre los años 2021 y 2025, una cifra que evidencia la magnitud del negocio ilícito que se escondía tras la fachada de bar bailable.
Para la justicia, esta red aprovechó sistemáticamente la vulnerabilidad de las mujeres para obtener beneficios económicos extraordinarios. De los nueve procesados, cinco enfrentan cargos como coautores del delito de trata agravada, mientras que los cuatro restantes han sido señalados como partícipes necesarios. Aunque todos permanecen sin prisión preventiva, las restricciones impuestas y los embargos multimillonarios marcan un precedente en la desarticulación de las finanzas de la trata en la Ciudad de Buenos Aires.