La Justicia de Tucumán avanza en la investigación de una grave denuncia penal presentada contra los abogados Alfredo Aydar y Silvia Aydar, acusados de haber desapoderado de una millonaria indemnización a una joven de 21 años a quien representaban legalmente luego de haber sido víctima de abuso sexual.
El expediente, caratulado "Aydar Alfredo y otro s/ estafa, retención indebida y administración fraudulenta agravada", se encuentra bajo la órbita del fiscal Carlos Saltor, titular de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos N° 4. Según consta en las actuaciones, la causa registra una intensa actividad investigativa durante los últimos días.
Por disposición judicial, la identidad de la denunciante permanece bajo estricta reserva con el objetivo de resguardar su integridad y evitar cualquier forma de revictimización, considerando las circunstancias que dieron origen a la reparación económica cuya administración hoy se encuentra bajo investigación.
El origen de los fondos y la venta de una camioneta
De acuerdo con la presentación judicial, la joven había obtenido una reparación integral del daño en el marco de una causa penal por abuso sexual. Como parte de ese acuerdo, recibió una camioneta Ford Ranger 4x4 modelo 2023, valuada en aproximadamente 50 millones de pesos.
Posteriormente, ese vehículo fue vendido por alrededor de 33,5 millones de pesos a un allegado del abogado Alfredo Aydar. Según la denuncia, esa operación habría constituido el punto de partida de una maniobra orientada a quedarse con el dinero correspondiente a la víctima.
La investigación sostiene que, una vez concretada la venta a fines de 2025, los fondos habrían quedado bajo control de los letrados. En ese contexto, la acusación afirma que la joven fue inducida a entregar el dinero en efectivo mientras atravesaba una situación de alta vulnerabilidad emocional.
La hipótesis de una maniobra basada en la dependencia y el temor
Uno de los aspectos más sensibles de la causa se relaciona con los mecanismos que, según la denunciante, habrían sido utilizados para obtener el control de los fondos.
De acuerdo con su testimonio, el principal acusado le habría recomendado no depositar el dinero en entidades bancarias. Entre los argumentos mencionados se encontrarían advertencias sobre un eventual retorno del denominado "corralito" y riesgos de seguridad asociados a su lugar de residencia.
Para la acusación, esos planteos habrían tenido como finalidad generar temor y dependencia. La presentación judicial describe así un presunto ardid sustentado en la manipulación psicológica mediante el cual la joven habría terminado cediendo el control total de su patrimonio a quienes ejercían su representación legal.
El destino del dinero bajo la lupa de la Fiscalía
La investigación también centra su atención en el destino que habrían tenido los fondos obtenidos por la venta de la camioneta.
Según consta en la causa, la Fiscalía incorporó audios y conversaciones en las que Alfredo Aydar reconocería haber colocado el dinero en supuestos préstamos a terceros en la provincia de Santiago del Estero, bajo una promesa de rentabilidad equivalente a un interés mensual del 2,5%.
Sin embargo, una auditoría preliminar detectó una serie de irregularidades que encendieron las alarmas de los investigadores.
Entre los principales hallazgos se destacan:
- Ausencia de contratos que respalden las operaciones.
- Falta de garantías sobre los supuestos préstamos.
- Inexistencia de identificación de los prestatarios.
- Ausencia de autorización escrita por parte de la víctima para realizar esas colocaciones financieras.
Estas circunstancias dieron lugar a una línea de análisis vinculada a una posible intermediación financiera no autorizada, una situación que podría derivar en una investigación paralela dentro del fuero federal debido a que las operaciones habrían sido realizadas sin aval del Banco Central.
Cuestionamientos sobre honorarios y rendición de cuentas
La denunciante también puso en duda la legalidad de importantes sumas retenidas por los abogados bajo el concepto de honorarios profesionales.
Según su relato, esos cobros fueron justificados por la supuesta presentación de más de 100 escritos judiciales. No obstante, la presentación sostiene que no existirían convenios firmados ni documentación respaldatoria que permita acreditar los montos percibidos o la forma en que fueron calculados.
La ausencia de rendiciones de cuentas constituye otro de los puntos examinados por los investigadores, quienes buscan reconstruir el recorrido completo de los fondos y determinar si existieron irregularidades en su administración.
Allanamientos y secuestro de pruebas
A raíz de la denuncia, la Justicia ordenó allanamientos tanto en el estudio jurídico como en el domicilio particular de los acusados.
Durante los procedimientos se secuestraron:
- Teléfonos celulares.
- Computadoras.
- Documentación considerada relevante para reconstruir la ruta del dinero.
Además, se dispusieron medidas de protección para la víctima y su entorno, ante la posibilidad de represalias derivadas del avance de la investigación.
Por su parte, los abogados rechazaron las acusaciones y manifestaron ante medios locales que la denuncia respondería a motivaciones ajenas al caso. Su postura se da en el marco de un expediente que todavía atraviesa una etapa inicial y en el que aún deben producirse nuevas medidas probatorias.
El peso del antecedente Bacchiani y otras causas en análisis
El caso adquiere una dimensión adicional debido al perfil público de Alfredo Aydar.
El abogado alcanzó notoriedad nacional por su actuación como querellante en la megacausa "Adhemar Bacchiani", vinculada a una presunta estafa piramidal con criptomonedas que involucra a miles de damnificados y cifras millonarias.
Sin embargo, distintos medios han dado cuenta de cuestionamientos relacionados con su desempeño en ese expediente, además de tensiones y conflictos con otros actores judiciales.
La situación también tiene repercusiones en Catamarca. Allí permanece bajo análisis, dentro del fuero federal, su situación procesal en una causa por presunto prevaricato y amenazas vinculada igualmente a la megacausa Bacchiani. Ese expediente lleva varios meses sin definiciones respecto de su situación.
Una investigación que pone el foco en la protección de las víctimas
Más allá de las responsabilidades que eventualmente puedan determinarse, la nueva causa profundiza el escrutinio sobre el accionar profesional del abogado y vuelve a colocar en el centro del debate un tema de especial sensibilidad: la administración de fondos obtenidos como reparación en causas penales y la protección de víctimas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.
La investigación continuará con el análisis de la documentación secuestrada, el examen de los dispositivos electrónicos incautados y la eventual incorporación de nuevas pruebas. El objetivo será establecer si existió una maniobra fraudulenta, determinar el destino final de los fondos y definir las responsabilidades penales que pudieran corresponder a los imputados.
Mientras tanto, la causa permanece abierta y bajo seguimiento judicial, en un expediente que suma complejidad por la magnitud económica involucrada, la condición de la denunciante y los antecedentes que rodean a uno de los principales acusados.