El empresario Ariel García Furfaro, propietario de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., solicitó al Instituto Malbrán que determine el lugar y la forma en que se produjo la contaminación del fentanilo, el opioide que causó graves consecuencias de salud en usuarios. Esta medida de prueba fue presentada por su abogado, Gastón Marano, ante el juez federal Ernesto Kreplak.

La solicitud de la defensa está ligada a las recientes declaraciones de la ex jefa de Control Microbiológico de Laboratorios Ramallo S.A., Adriana Iudica, quien reconoció haber detectado la contaminación bacteriana, pero no repitió el análisis microbiológico. Su testimonio, respaldado por el ex jefe de producción del laboratorio, Eduardo "Ruso" Darchuk, sugiere que la falta de un informe a las autoridades permitió que las ampollas adulteradas salieran a distribución.

Según la información a la que accedió el medio Clarín, el Malbrán ya respondió a las consultas de la defensa de Furfaro. Respecto al dónde se pudo haber provocado la adulteración, el instituto indicó que pudo ocurrir "en varias etapas críticas, tanto antes como después de la liberación del lote al mercado". Los "puntos más vulnerables" serían aquellos donde se manipula el producto o sus componentes en un entorno aséptico.

En cuanto al cómo, el Malbrán sostiene que la contaminación podría haberse producido durante la postproducción o en la elaboración, a causa de fallas en el control de calidad. El organismo científico subrayó la gravedad de esta posibilidad, afirmando que, si esto ocurrió, se trataría de una "falla crítica de las buenas prácticas de fabricación". En este sentido, recordaron que la esterilidad de un inyectable de uso humano debe ser controlada de manera rigurosa, siguiendo los procedimientos validados, para asegurar su cumplimiento absoluto antes de su liberación.