El expediente por la muerte de Ángel Nicolás López, el niño de 4 años fallecido el pasado 6 de abril en Comodoro Rivadavia, ingresó en una etapa de máxima tensión judicial luego de que la querella solicitara la inmediata imputación y detención de la madre biológica y del padrastro del menor bajo la figura de "homicidio agravado en concurso con abandono de persona seguido de muerte".

La ampliación de denuncia fue presentada por Luis Armando López, padre del niño, con el patrocinio del Dr. Roberto Castillo, y no solo apunta contra Maicol González y Mariela Beatriz Altamirano, sino que incorpora una severa acusación sobre una "pluralidad de comportamientos convergentes" que, según la querella, hicieron posible el desenlace fatal. El eje de la presentación sostiene que la muerte de Ángel no fue accidental, sino el resultado previsible de meses de maltrato físico y desamparo institucional.

La autopsia y los testimonios

Uno de los puntos centrales del escrito judicial se apoya en el resultado de la autopsia preliminar, que reveló lesiones traumáticas en la región craneal, consideradas incompatibles con una muerte natural o accidental y consistentes con violencia física de gran intensidad. Ese dato pericial reforzó la hipótesis sostenida por la querella sobre un posible homicidio.

A ello se agregan los testimonios de vecinos, quienes aseguraron haber escuchado gritos del menor y presenciado episodios de tensión dentro del entorno familiar. Entre los elementos citados en la denuncia figura una escena particularmente sensible: la madre, en medio de una crisis, le habría recriminado a González la frase "¡Vos le pegás al mío!".

La cadena de omisiones 

La denuncia amplía la mirada más allá del núcleo de cuidado inmediato del niño y pone bajo fuerte cuestionamiento a funcionarios que, según la querella, habrían contribuido a crear el escenario de desprotección.

En ese tramo del escrito aparecen mencionados el Juez de Familia Dr. Pablo José Pérez, la Asesora de Familia Verónica Roldán y la licenciada del Servicio de Protección de Derechos Jennifer Leiva. La acusación sostiene que las decisiones adoptadas, y especialmente las medidas no tomadas, fueron decisivas en la secuencia que culminó con la muerte del menor.

La reconstrucción cronológica presentada por la querella detalla tres momentos clave:

• Advertencias ignoradas: el sistema judicial ya había rechazado en tres oportunidades la restitución del niño a su madre por considerar que no era un entorno seguro.
• La audiencia de febrero de 2026: Ángel expresó ante el juez y la asesora que su centro de vida estaba con Lorena Andrade, su madre de crianza.
• Aislamiento en marzo: una restricción perimetral impidió el contacto con la familia paterna y con Andrade, dejándolo únicamente con quienes hoy son señalados como presuntos agresores. 

La presentación establece además un paralelo directo con la Ley 27.709, conocida como "Ley Lucio", al sostener que pudieron haberse incumplido deberes de capacitación, prevención y detección temprana.

Riesgo de fuga y presunta destrucción de pruebas

El pedido de detención inmediata también se sostiene en riesgos procesales concretos. La querella aportó elementos que indicarían que los acusados habrían quemado prendas de vestir del niño el mismo día del hecho, en una presunta maniobra para eliminar rastros biológicos y signos de violencia.

A ese punto se suma la denuncia de un presunto plan de fuga hacia El Dorado, Misiones, que habría sido gestionado por Altamirano a través de un familiar, argumento utilizado para justificar la necesidad de una medida cautelar urgente.

Con la ciudad de Comodoro Rivadavia aún conmocionada, la Justicia deberá resolver ahora si hace lugar al pedido de la querella. La decisión sobre las detenciones solicitadas aparece como el próximo paso decisivo en una causa que, además del horror por la muerte de un niño, expone la gravedad de las presuntas fallas institucionales denunciadas por la familia.