El proceso judicial por el asesinato de Fernando Báez Sosa, ocurrido en la localidad de Villa Gesell en enero de 2020, ha ingresado en una nueva y determinante etapa institucional que trasciende las fronteras de la justicia provincial. En las últimas horas, la representación legal de Lucas Pertossi, uno de los jóvenes sentenciados por el hecho, formalizó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El objetivo central de la presentación es obtener la nulidad de la condena a 15 años de prisión que pesa sobre el imputado, bajo el argumento técnico de que existieron vicios procesales insalvables que vulneraron garantías constitucionales básicas durante el debate oral y público.

El planteo de "indefensión manifiesta" y el cambio de estrategia

La estrategia actual de Pertossi es dirigida por el abogado Ignacio Nolfi, quien asumió el rol defensor específicamente para la instancia de Casación. El eje del reclamo ante la Corte se apoya en una premisa crítica para la validez de cualquier proceso penal: la existencia de una "indefensión manifiesta". Según el escrito presentado, este estado de vulnerabilidad jurídica fue consecuencia directa del desempeño de su anterior abogado, Hugo Tomei. Nolfi sostiene que su representado no contó con una estrategia diferenciada acorde a su rol específico en el hecho, ya que al haber mantenido una defensa única para los ocho acusados, se habrían diluido las particularidades de su caso.

La defensa argumenta que la ubicación y la participación de Lucas Pertossi durante el ataque fueron sustancialmente distintas a las de aquellos condenados que aplicaron los golpes fatales contra la víctima. Al no haber contado con un descargo que reflejara su situación particular en la escena del crimen, el nuevo defensor considera que se le impidió ejercer un derecho a defensa real y efectivo. Esta supuesta falta de personalización en la estrategia legal es el núcleo del pedido para que el máximo tribunal anule la sentencia y restaure las garantías del debido proceso.

Cuestionamientos técnicos a la sentencia y la revisión judicial

Para sustentar el pedido de revisión y la realización de un nuevo juicio, el doctor Ignacio Nolfi articuló una serie de agravios que cuestionan la solidez del fallo emitido. Entre los argumentos centrales, el defensor señaló un defecto grave de razonamiento en la sentencia y la construcción de una versión fáctica que, según su visión, no se ajustaría a lo ocurrido en la realidad de aquella madrugada en Villa Gesell. Además, el recurso denuncia una falta de coherencia interna en el fallo y la ausencia de audiencias individuales que permitieran una declaración válida por parte del imputado.

El planteo también alcanza la etapa de instrucción, cuestionando la imparcialidad y la congruencia de los investigadores, así como una imprecisión en la descripción del hecho que se le atribuyó originalmente. Nolfi enfatiza que existió una violación del principio de congruencia entre la acusación inicial y la condena final, lo que habría dejado a Pertossi sin herramientas para rebatir los cargos específicos por los que terminó siendo sentenciado a una década y media de cárcel.

Validez jurisdiccional y el camino hacia un nuevo juicio

Más allá de los errores de procedimiento mencionados, el recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación profundiza en la naturaleza del acto sentencial mismo. La defensa asegura que la condena carecería de la debida motivación exigida por la ley y que estaría basada fundamentalmente en afirmaciones dogmáticas, lo que le restaría validez como acto jurisdiccional legítimo. Asimismo, el letrado sostuvo que la justicia de la provincia no realizó una revisión eficaz de la sentencia original, limitando la posibilidad de corregir las fallas estructurales del caso en instancias previas.

Con este planteo de fondo, Lucas Pertossi busca que el máximo tribunal del país revise integralmente el fallo y disponga la realización de un nuevo juicio. El argumento de que su pena de 15 años de prisión es fruto de un proceso viciado pone ahora la mirada sobre la Corte Suprema, que deberá determinar si efectivamente se respetaron los derechos constitucionales del condenado o si el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa debe reabrir una de sus páginas más complejas.