La Plaza 25 de Mayo se convirtió este mediodía en el epicentro de un reclamo que trasciende lo estrictamente judicial para adentrarse en el terreno de lo humano y lo institucional. Familiares de víctimas y efectivos policiales autoconvocados se reunieron para manifestar su profundo rechazo a la reciente liberación de José Aguilar, el hombre acusado de iniciar la cadena de violencia que no solo terminó con la vida del oficial Chávez, sino que, según denuncias de su entorno cercano, se cobró una segunda víctima indirecta debido al impacto psicológico y físico derivado del hecho. 

La manifestación, marcada por la presencia de la madre de Chávez y colegas en actividad y retiro, puso bajo la lupa la actuación de los organismos judiciales y la interpretación de las normas que permitieron que, en menos de 48 horas, el acusado recuperara su libertad mientras el proceso hacia el juicio por jurados sufre nuevas demoras administrativas.

Uno de los testimonios más desgarradores de la jornada fue brindado por la hermana de la oficial de policía que acompañaba a Chávez el día del ataque, el 22 de abril de 2022 en Valle Chico. Según su relato, la oficial no solo fue testigo directo de la agresión física contra su compañero, sino que sufrió las consecuencias de un entorno que, en aquel momento, la increpó sin comprender que los efectivos se encontraban en una misión distinta y desconocían el contexto previo de la situación. 

La mujer describió una dolorosa secuencia de deterioro que se inició con una profunda depresión que requirió asistencia de psicólogos y psiquiatras. Este cuadro emocional habría desencadenado el desarrollo de un cáncer de pulmón que terminó con la vida de la oficial el pasado 11 de enero.

Los allegados enfatizaron que su presencia en la plaza no responde a intereses políticos ni a reclamos contra la actual Jefatura de Policía, de la cual destacaron haber recibido todo el apoyo necesario durante la enfermedad. Sin embargo, recalcaron que no es justo que una situación derive en dos muertes y que, por una cuestión de interpretación judicial, no haya justicia efectiva. Según el testimonio de los familiares, esta tragedia ha dejado a dos familias desmembradas, con hijos que perdieron a sus padres, lo que convierte el pedido de justicia en un reclamo de estricta necesidad humana frente a lo que consideran una impunidad manifiesta.

Críticas a la interpretación judicial y la libertad de Aguilar

El malestar de los autoconvocados se centró en la celeridad con la que se otorgó la libertad a José Aguilar, señalando que resulta incomprensible que organismos con vasta experiencia profesional realicen una interpretación legal que termine favoreciendo al agresor en un plazo de tiempo tan escueto. 

Un exoficial presente en la manifestación advirtió sobre el peligroso mensaje que esta decisión envía a los agentes en actividad, sugiriendo de manera indirecta que es mejor mirar hacia otro lado para evitar problemas legales. El reclamo subrayó que la persona liberada se encontraba agrediendo a su mujer al momento del hecho original, lo que incrementa el temor en la sociedad y en la propia víctima de violencia de género, quien hoy se encuentra en una situación de vulnerabilidad extrema.

A diferencia de otras manifestaciones, en esta oportunidad se destacó la existencia de un comunicado oficial de la Jefatura de Policía expresando su malestar por la libertad de Aguilar. Para los manifestantes, este gesto representa una defensa institucional necesaria para el personal que diariamente arriesga su vida en la calle. A pesar de los riesgos y de la falta de respeto que, según denunciaron, es moneda corriente por parte de algunos sectores de la sociedad, los efectivos aseguraron que continuarán cumpliendo sus funciones con empeño, aunque remarcaron que el respaldo judicial es una pieza fundamental para que la seguridad pública sea efectiva.

En el plano judicial, la causa enfrenta un nuevo paréntesis administrativo que prolonga la incertidumbre de los familiares. El sorteo del juez director para este proceso, que debía realizarse en la oficina de la OGA (Oficina de Gestión de Audiencias), fue suspendido ante una presentación del abogado defensor, el Dr. Jorge Bracamonte hijo. El letrado alegó un viaje de trabajo previamente programado, lo que obligó a postergar el sorteo para el próximo 20 de febrero. Una vez que se concrete esta instancia, la OGA deberá fijar el sorteo para los potenciales jurados y finalmente establecer la fecha del debate oral.

Mientras tanto, José Aguilar continuará en libertad, una situación que generó un profundo silencio y dolor en la madre de Chávez, quien en la plaza evitó realizar declaraciones extensas, limitándose a pedir justicia por su hijo. La jornada concluyó con la confirmación de que el sistema judicial aún debe resolver estas dilaciones para brindar una respuesta definitiva a las familias afectadas. 

Mientras el proceso se demora, el clamor en la Plaza 25 de Mayo dejó en claro que la herida del caso Chávez sigue abierta y que la percepción de injusticia cala hondo en las filas de la fuerza policial y en la comunidad.