El Estado nacional y la Justicia Federal han expuesto las vísceras de una organización criminal cuya capacidad de daño traspasó los muros de las cárceles bonaerenses para golpear el corazón de la seguridad presidencial. La investigación, presentada por la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva, la jueza Sandra Arroyo Salgado y el vocero Manuel Adorni, reveló cómo una red de extorsión y estafas digitales —definida técnicamente como una "pyme del delito"— condujo al trágico suicidio del soldado Rodrigo Andrés Gómez, un granadero de apenas 21 años que cumplía funciones de custodia en la Quinta Presidencial de Olivos.

Gómez fue hallado sin vida el pasado 16 de diciembre en horas de la madrugada, mientras realizaba una guardia en uno de los puestos de vigilancia del predio donde reside el presidente Javier Milei. Aunque inicialmente se informó el deceso como un suicidio, las alarmas de las autoridades se activaron ante la gravedad de que un efectivo se quitara la vida con su fusil a escasos metros de donde dormía el primer mandatario. La pieza clave para desentrañar la verdad fue una carta dejada por la víctima, la cual permitió reconstruir un mecanismo de presión psicológica y financiera que resultó devastador para el joven conscripto.

La maniobra delictiva se orquestó con una precisión quirúrgica a través de la aplicación de citas "evermatch". Allí, la banda creó un perfil falso bajo el nombre de Julieta Ayelén Cardozo con el objetivo de captar víctimas y generar un diálogo basado en la confianza mediante el envío de fotografías genéricas. Una vez logrado este vínculo inicial, los estafadores activaban la trampa con la aparición de una supuesta "madre alterada" que enviaba el denominado "audio del terror", un mensaje escandalizado donde se acusaba a Gómez de ser un "degenerado" por haber mantenido contacto virtual con una supuesta menor de 17 años.

El siguiente eslabón de la cadena incluyó un llamado de un presunto oficial de la Policía de la Ciudad que aseguraba haber tomado conocimiento de la denuncia por abuso de menores. Para dar veracidad al engaño, los atacantes usurparon la identidad real de Matías Nahuel Conti, un integrante efectivo de dicha fuerza de seguridad cuya documentación había sido robada. El falso oficial intimaba a la víctima a realizar pagos inmediatos a través de transferencias bancarias para evitar supuestas consecuencias legales y una causa judicial en trámite.

La organización funcionaba con una lógica de división de tareas y administración sistemática de recursos, operando principalmente desde la Unidad 36 de Magdalena y la Unidad 26 de Olmos. Los cabecillas fueron identificados como un hombre de apellido Francavilla, conocido bajo el alias de "Nahuel Conti", junto a Kevin Manuel Sandoval y Mauricio José Duarte Arecó. Estos individuos coordinaban las maniobras desde el interior de los penales, mientras que personas externas actuaban como colaboradoras en el circuito financiero, recibiendo los fondos en cuentas bancarias a nombre de mujeres vinculadas a la banda.

El dinero obtenido era fragmentado, redistribuido y ocultado mediante distintas operaciones para dificultar su rastreo por parte de los investigadores. La presión sobre Gómez no se detuvo tras los primeros pagos, sino que se tornó en una exigencia económica constante bajo amenazas reiteradas. En su carta de despedida, el soldado reflejó el impacto de este mecanismo al confesar que la aplicación de citas le había traído problemas legales y muchas deudas, llegando a la conclusión de que los supuestos policías eran corruptos porque solo pedían más dinero. El documento incluía anotaciones económicas y cálculos de deudas que evidenciaban el nivel de asfixia al que fue sometido el joven granadero.

La conferencia oficial puso el foco en un problema estructural: el acceso sistemático a la conectividad en las cárceles. La jueza Arroyo Salgado explicó que el uso de dispositivos se habilitó durante la pandemia mediante un habeas corpus colectivo destinado a garantizar el contacto familiar, pero que en la actualidad los internos acceden a redes sociales y aplicaciones bancarias para organizar actividades delictivas complejas. 

Por su parte, el vocero Adorni fue tajante al afirmar que un celular en una cárcel funciona como un arma, señalando la necesidad de que el sistema penitenciario garantice el cese de la actividad criminal.

La magistrada sostuvo que esta modalidad no podría persistir sin una "corrupción estructural" o tolerancia de sectores del sistema penitenciario, mencionando como antecedente el caso de Córdoba, donde se detectó un centro de estafas similar. 

La investigación, que duró más de cincuenta días e incluyó escuchas y análisis financieros, culminó con la detención de siete personas y el traslado de los tres líderes a unidades del Servicio Penitenciario Federal bajo régimen de alto riesgo. La muerte de Rodrigo Gómez dejó de ser un hecho inexplicable para revelarse como el resultado directo de una organización que operaba con total impunidad desde los establecimientos penitenciarios bonaerenses.