En un paso decisivo para la instrucción de la causa, la fiscal Jesica Miranda ha emitido la orden oficial para proceder con la visualización del teléfono celular de Juan Acuña, el individuo señalado como un falso gestor del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). Esta medida técnica resulta fundamental para el avance de la investigación, ya que tiene como objetivo primordial corroborar de forma fehaciente los testimonios y dichos presentados por los denunciantes. A través de este análisis, la justicia pretende rastrear posibles comunicaciones o registros que vinculen directamente al acusado con las maniobras ilícitas bajo sospecha.

Es importante destacar que la obtención del dispositivo no fue fruto de un secuestro forzoso mediante allanamiento, sino que el propio Juan Acuña hizo entrega voluntaria de su teléfono celular durante la semana pasada. Al poner el equipo a disposición de las autoridades judiciales para su posterior análisis forense, el denunciado ha permitido que la fiscalía avance en la recolección de evidencia digital que podría ser determinante para el futuro de la causa.

El contexto de la denuncia y las víctimas

La investigación se originó tras la alerta emitida por el propio personal del Instituto Provincial de la Vivienda, quienes detectaron la presencia de un individuo que, bajo una supuesta identidad de gestor oficial, prometía la entrega de unidades habitacionales a cambio de pagos en efectivo. Esta modalidad de estafa no solo afecta a los ciudadanos damnificados, sino que golpea directamente la integridad de los procesos de adjudicación del organismo estatal, al intentar suplantar los canales legales por una vía de gestoría inexistente y fraudulenta.

Un prontuario en crecimiento

El panorama judicial para el acusado se presenta complejo, dado que la visualización de su dispositivo móvil no es un hecho aislado, sino una respuesta a un patrón de conducta denunciado de manera reiterada. Actualmente, la situación procesal de Juan Acuña cuenta con tres denuncias formales radicadas en su contra hasta la fecha, todas relacionadas con su actuación como un supuesto falso gestor externo al IPV. Las imputaciones por solicitar dinero a cambio de viviendas constituyen una maniobra que evade todos los canales legales del instituto y pone en jaque la transparencia habitacional. La fiscalía espera que los resultados de la pericia tecnológica permitan finalmente conectar los puntos entre las promesas realizadas y el flujo de dinero denunciado por los damnificados.