La trama criminal que rodea a Pablo Daniel Rodríguez Laurta continúa expandiéndose hacia aristas cada vez más sombrías, confirmando la extrema peligrosidad de un sujeto que ha mantenido en vilo a las fuerzas de seguridad de dos provincias. Lo que comenzó como una investigación por una serie de asesinatos brutales ha derivado ahora en una nueva y grave imputación que agrava significativamente su situación procesal. En las últimas horas, la Justicia de Córdoba formalizó cargos contra el detenido por delitos vinculados a la integridad sexual, marcando un punto de inflexión en un expediente que ya de por sí conmociona a la opinión pública por su violencia y complejidad.
El Ministerio Público Fiscal cordobés confirmó que la nueva acusación contra Laurta es por el delito de abuso sexual infantil. Esta presentación judicial fue impulsada directamente por la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual del 1er Turno, bajo la dirección del fiscal Juan Ávila Echenique. La gravedad de esta nueva pieza del rompecabezas judicial radica en el material hallado y analizado por los peritos, que sustenta la imputación técnica.
Específicamente, la imputación comprende la tenencia de representaciones de menores de 18 años dedicados a actividades sexuales explícitas, así como la posesión de imágenes de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales. Este hallazgo añade una capa de perversión a un perfil criminal que ya estaba marcado por la sangre, obligando a los investigadores a profundizar en los dispositivos y el entorno digital del acusado para determinar el alcance total de estos delitos contra la integridad de menores.
El rastro de sangre entre Córdoba y Entre Ríos
La nueva imputación se suma a un historial delictivo que ya situaba a Laurta como un individuo de extrema peligrosidad. El ciudadano uruguayo es investigado como el presunto autor de los homicidios calificados de su ex pareja, Luna Giardina, y de su ex suegra, Mariel Zamudio, crímenes perpetrados en la capital cordobesa. Sin embargo, el periplo criminal de Laurta no se agota en esos femicidios y homicidios vinculados, sino que conecta de manera trágica a las provincias de Córdoba y Entre Ríos a través de una logística criminal meticulosa.
La reconstrucción efectuada por los investigadores sitúa un hito fundamental la noche del 7 de octubre del año pasado. En esa fecha, Laurta se habría reunido en la terminal de ómnibus de Concordia con el remisero Martín Sebastián Palacio. Según las pesquisas, ambos se conocían previamente y el acusado ya había requerido los servicios de transporte de la víctima en ocasiones anteriores. En este último encuentro, Laurta le habría pagado a Palacio la suma de un millón y medio de pesos para realizar un viaje con destino a Córdoba, un trayecto que terminaría de forma fatal para el chofer.
La hipótesis principal de la fiscalía sostiene que, tras iniciar el viaje, Laurta habría asesinado al chofer. El cuerpo de Palacio fue fragmentado y el acusado habría ocultado parte de los restos en la localidad entrerriana de Estación Yeruá. Acto seguido, Laurta continuó el trayecto hacia Córdoba al mando del vehículo de la víctima, un Toyota Corolla. Una vez en territorio cordobés, la investigación señala que el acusado llevó a cabo los asesinatos de Giardina y Zamudio. Para intentar borrar sus huellas, posteriormente incendió el automóvil de Palacio en la zona de Altas Cumbres. Su fuga finalizó días más tarde, cuando fue localizado y detenido por las fuerzas de seguridad en un hotel de la ciudad de Gualeguaychú.
Situación procesal y el peligro de fuga
Actualmente, el panorama judicial de Pablo Daniel Rodríguez Laurta se encuentra en una etapa crítica. El pasado 12 de febrero, el acusado fue trasladado a la Jefatura Departamental de Policía de Concordia, tras haber cumplido 120 días de prisión preventiva por los crímenes cometidos en Córdoba. No obstante, su permanencia en detención es el objetivo primordial de los fiscales. Ante el Juzgado de Garantías N° 4, la Fiscalía presentará un pedido formal para la prórroga de la prisión preventiva, argumentando que existe un claro peligro de fuga debido a la falta de arraigo y la gravedad de las penas en expectativa por la multiplicidad de causas abiertas.
La causa continúa en plena etapa investigativa, mientras la sociedad asiste con estupor a la revelación de una conducta criminal que combina la violencia letal con la perversión contra menores. En las próximas horas, la Justicia deberá definir la extensión de su reclusión preventiva, en lo que se perfila como uno de los procesos judiciales más crudos de los últimos tiempos, donde la acumulación de delitos parece no encontrar techo.
