La causa por el crimen de Miguel Ángel "Látigo" Ferreyra sumó este martes un nuevo capítulo judicial con la realización de la audiencia de expresión de agravios en la Sala Penal de la Corte de Justicia. La instancia fue solicitada por la defensa de los dos imputados que habían sido declarados culpables por un jurado popular en diciembre de 2025.
El proceso judicial se centra en las condenas dictadas contra Jorge Roberto Castro, quien recibió una pena de 10 años de prisión por homicidio simple, y Mónica Beatriz Murúa, condenada a 5 años y 6 meses de prisión en carácter de partícipe secundaria del mismo delito.
La audiencia tuvo como eje central el planteo de la defensa, que solicitó la nulidad del veredicto emitido por el jurado popular y, en consecuencia, la absolución de ambos condenados. Frente a esta postura, tanto el Ministerio Público Fiscal como la querella se manifestaron en sentido contrario, pidiendo que se ratifique la sentencia en todos sus términos.
Los argumentos de la defensa
Durante la audiencia, los abogados defensores Jorge Bracamonte (h) y Gabriel Quiroga Barros expusieron sus fundamentos para cuestionar el veredicto. En el caso de Castro, sostuvieron que la declaración de culpabilidad fue arbitraria, al considerar que existió un apartamiento flagrante de la prueba producida durante el juicio.
Entre los principales argumentos de la defensa se destacan:
- Supuesto apartamiento de la prueba por parte del jurado.
- Violación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
- Incumplimiento de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
- Desestimación de la opinión técnica unánime de cinco profesionales del Cuerpo Interdisciplinario Forense.
En relación a la situación de Murúa, los letrados sostuvieron que el veredicto que la declaró culpable como partícipe secundaria carece de racionalidad y certeza, lo que, a su entender, invalida la decisión del jurado.
Sobre esa base, la defensa solicitó formalmente que se declare la nulidad del veredicto y se disponga la absolución de ambos imputados, planteando una revisión integral del fallo.
La respuesta del Ministerio Público Fiscal
Por su parte, el fiscal Augusto Barros defendió la validez del proceso y del veredicto emitido por el jurado popular. Para sustentar su postura, recurrió a criterios de la Organización Mundial de la Salud, señalando que el diagnóstico de Castro le otorga un grado moderado de discapacidad intelectual.
En ese contexto, el representante del Ministerio Público enfatizó que durante el juicio se pusieron a disposición del jurado todas las pruebas necesarias, incluidas las pericias y los testimonios de los expertos. "El Ministerio Público puso a disposición del jurado las pericias y los testimonios de los peritos sin prescindir de ellos en ningún momento porque no había nada para esconder", afirmó.
Asimismo, cuestionó los planteos de la defensa al considerar que no existe un agravio concreto que deba ser respondido. "No hay agravio de la defensa para responder, solo la imaginación en la que se representan que con otro jurado la decisión podría haber sido diferente, solo están disconformes con el veredicto", sostuvo.
Barros también hizo referencia al rol del jurado popular, indicando que la comprensión de los hechos se basa en la íntima convicción de sus integrantes, y que no se puede exigir un estándar específico para su deliberación. Finalmente, solicitó que la sentencia sea confirmada en todos sus términos.
La postura de la querella
En la audiencia también intervino el querellante particular, Sebastián Ibáñez, en representación de la familia de la víctima. El abogado adhirió a los argumentos del fiscal y respaldó el pedido de ratificación del fallo.
Ibáñez destacó que "lo que le da calidad al veredicto del tribunal es la razón inmotivada", en alusión al sistema de decisión del jurado popular. Además, fue crítico con la estrategia de la defensa, a la que calificó como defectuosa.
Según expuso, el planteo defensivo presentó teorías del caso contradictorias, al sostener simultáneamente la falta de comprensión de Castro y, por otro lado, la legítima defensa. "Le dio a entender al jurado que en cierto sentido sí entendía la criminalidad de sus actos", afirmó.