El caso de Solange Musse, la joven de 35 años que murió de cáncer en Alta Gracia sin poder despedirse de su padre, Pablo Musse, llega a juicio oral y público. Este lunes, en los Tribunales de Río Cuarto, dos exfuncionarios se sentarán en el banquillo de los acusados por presunto abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La tragedia ocurrió en agosto de 2020, en pleno aislamiento por la pandemia de Covid-19. Pablo Musse viajaba desde Neuquén a Córdoba para ver a su hija, quien padecía un cáncer terminal. Sin embargo, al llegar al control sanitario de Huinca Renancó, un médico y una trabajadora social le impidieron el ingreso a la provincia, a pesar de que el hombre había tramitado los permisos de circulación.
Una travesía truncada y un destino fatal
A pesar de que Musse viajaba con su cuñada, una persona con paraplejía, y de que explicó la urgencia de su situación, los funcionarios le negaron el acceso. De acuerdo con el relato del abogado Carlos Nayi, la decisión se tomó tras dos test rápidos que dieron "dudosos", aunque Musse tenía un permiso humanitario.
Sin considerar las excepciones que contemplaban los protocolos, a la familia se le ordenó regresar a Neuquén, escoltada por la policía durante más de 700 kilómetros.
Horas después, desde su lecho de muerte, Solange Musse reclamó públicamente en una carta: "Acuérdense, hasta el último suspiro tengo mis derechos". La joven denunció el trato "humillante e inhumano" a su padre, pero su pedido no fue escuchado. Murió al día siguiente.
El padre de Solange se enteró de que había dado negativo a la prueba de Covid el 21 de agosto de 2020, una hora después de la muerte de su hija, cuando ya era demasiado tarde.
De la responsabilidad individual a la política
Los acusados son Eduardo Javier Andrada, exdirector del hospital de Huinca Renancó, y Analía Elizabeth Morales, trabajadora social del COE de Río Cuarto. Sin embargo, la investigación no se detiene en ellos. El abogado de la familia Musse, Carlos Nayi, sostiene que se trata del primer juicio en el que se analizarán responsabilidades funcionales por las decisiones tomadas durante la pandemia, que derivaron en "graves consecuencias".
El juez Claudio Mazuki, que sobreseyó a otros dos imputados en la causa, dejó sentado que el Ministerio Público deberá continuar con la investigación de "otros probables autores", incluyendo la responsabilidad del expresidente Alberto Fernández y de otros funcionarios nacionales.
