La Cámara de Apelaciones dispuso el sobreseimiento parcial y definitivo de Micaela Alejandra Rearte, quien había sido imputada en enero de 2023 por el delito de estafa. La resolución fue notificada en el día de hoy al abogado defensor, Dr. Marcos Gandini, marcando un giro significativo en una causa que involucraba 33 hechos y un monto aproximado de 23 millones de pesos.

La investigación se había iniciado tras la presentación de varias personas que denunciaron a Rearte, señalando que la mujer se hacía pasar por abogada para captar sumas de dinero. Según las acusaciones, las operaciones denunciadas habrían alcanzado cifras que, en conjunto, superaban los veinte millones de pesos.

Las denuncias y el origen de la imputación

En el momento de la imputación, la Fiscalía n° 1 avanzó con la acusación por los 33 hechos de estafa, lo que posteriormente derivó en la elevación de la causa a juicio. Las denuncias sostenían que Rearte utilizaba su supuesta condición de abogada para generar confianza y obtener dinero de las personas denunciantes.

Las supuestas víctimas estaban representadas por el doctor Herrera Basualdo, quien, según explicó la defensa, "hoy ya no litiga más, pertenece a la Corte de Justicia". Este dato forma parte del contexto en el que se desarrolló el proceso judicial desde sus primeras etapas.

La estrategia de la defensa

El abogado defensor, Dr. Marcos Gandini, sostuvo en diálogo con La Unión que, a medida que avanzaban en el análisis del expediente, detectaron inconsistencias en la acusación. En ese sentido, afirmó: "Nos fuimos dando cuenta de que estábamos en presencia claramente de una exageración", en referencia al volumen de hechos imputados.

El letrado detalló que, según su evaluación del expediente, en la mayoría de los casos no existían elementos probatorios suficientes. Entre las principales observaciones mencionó:

Ausencia de comprobantes que acreditaran la entrega de dinero.

Falta de documentación respaldatoria.

Inexistencia de conversaciones que evidenciaran los hechos denunciados.

No se realizaron peritajes de teléfonos.

Estos argumentos fueron centrales en la estrategia de la defensa para cuestionar la solidez de la imputación original.

El recorrido judicial hasta la apelación

Tras la imputación y la elevación a juicio, la defensa presentó oposición a la medida. Sin embargo, el caso fue confirmado en el Juzgado de Garantía n° 4, que ratificó los 33 hechos atribuidos a Rearte.

Ante esta decisión, la defensa interpuso un recurso de apelación, con el objetivo de que la Cámara revisara la resolución. El resultado de esa instancia fue la decisión actual: el sobreseimiento de 18 hechos, lo que representa más de la mitad de los casos originalmente imputados.

Gandini explicó el alcance de la resolución: "Eso es mucho más de la mitad de ese monto de dinero, es decir, queda limpia de culpa y cargo mi asistida".

Los hechos que continúan hacia juicio

Pese al sobreseimiento parcial, la causa no queda cerrada en su totalidad. De los 33 hechos iniciales, 15 continuarán su curso hacia juicio. En relación con estos casos, la defensa reconoció la existencia de algunos movimientos de dinero, aunque cuestionó su interpretación jurídica.

El abogado precisó que: Existieron transferencias o disposiciones de dinero en algunos casos, pero sin embargo, estas operaciones no acreditan por sí mismas una estafa. En ese sentido, subrayó que el delito de estafa requiere otros elementos:

El ardid o engaño.

La disposición perjudicial del patrimonio.

Elementos subjetivos y objetivos específicos.

Según la defensa, estos aspectos "claramente no están acreditadas en el expediente", aunque admitió que la existencia de transferencias genera "una mínima probabilidad" suficiente para que la causa avance en esos casos.

La revisión de la Cámara y el cuestionamiento al criterio previo

El fallo de la Cámara de Apelaciones también implicó una revisión crítica de los fundamentos que habían sostenido la elevación a juicio. Gandini calificó la resolución anterior como "irrazonable e ilógica", especialmente por el criterio utilizado para validar las imputaciones. Según explicó, el juzgado había considerado la existencia de un "patrón común" entre las denuncias como elemento suficiente para sostener los hechos, aun cuando no existieran pruebas concretas en cada caso individual.

El abogado detalló que:

La resolución previa reconocía la falta de pruebas, documentación y conversaciones.

Sin embargo, daba por acreditados los hechos por la coincidencia entre las denuncias.

Para la defensa, este razonamiento resultaba "totalmente descabellado", postura que finalmente fue receptada por la Cámara al dictar el sobreseimiento en más de la mitad de los hechos.

Un proceso que continúa abierto

Con esta resolución, la situación judicial de Micaela Rearte se redefine parcialmente: queda sobreseída en 18 hechos, mientras que 15 imputaciones siguen vigentes y serán evaluadas en juicio.

El fallo introduce un cambio sustancial en el volumen de la acusación original y reconfigura el escenario judicial de la causa, que continuará su curso con un alcance reducido, pero aún abierto en aspectos clave vinculados a las transferencias de dinero y su interpretación penal.