A más de tres meses del escándalo del supuesto cobro de coima por los excamaristas Juan Pablo Morales y Raúl Da Pra, finalmente se logró constituir el tribunal de Alzada para resolver el planteo, en la causa que lleva adelante el fiscal de Delitos contra la Administración Pública, Facundo Barros. Cabe señalar, que tras conocerse el video del cobro de dinero para favorecer a un preso con prisión preventiva, el fiscal le había solicitado al juez de Control de Garantías que investigue la causa penal en contra de los ahora exfuncionarios judiciales, entendiendo que ambos tenían fuero.  
Sin embargo y tal como se informó en aquella oportunidad, el magistrado se declaró incompetente al entender que los magistrados no tienen fuero y la investigación por el supuesto delito de cohecho debía ser realizada por el fiscal ordinario. Resolución que fue apelada tanto por la Fiscalía como por el abogado defensor del Dr. Da Pra, siendo entonces el expediente de la causa, que hoy estaría ya sin materia tras la renuncia de los funcionarios involucrados, girado  la Cámara de Apelaciones para su resolución. Sin embargo y como los funcionarios sospechados conformaban el tribunal de Alzada, se debió conformar un nuevo tribunal. Tras a  inhibición por supuesta amistad manifesta o enemistad de los jueces de las tres cámaras penales de Adultos y dos de los tres jueces correccionales, el expediente recayó en el juez correccional n° 2, Diego Costilla Chayle, quien integró el tribunal junto a los jueces de la Cámara de Apelaciones Penal Juvenil, Dres. Rodrigo Morabito y Fabricio Gershani Quesada.  
Ahora, será este tribunal quien resolverá sobre el incidente planteado. Vale indicar, que tras la renuncia de los camaristas sospechados, estos automáticamente quedaron sin fuero -lo que entendía el fiscal- y sin materia el juicio político. Es decir, que tras expedirse el tribunal de Apelaciones, conformado para la oportunidad, el fiscal podría avanzar con la causa penal.