El Hotel La Aldea, ubicado en El Chaltén y propiedad de la familia Kirchner, se convirtió en escenario de una tragedia esta semana. Un hombre de aproximadamente 55 años, que ocupaba una de las habitaciones de manera ilegal, fue encontrado muerto por vecinos del complejo.

Según confirmaron fuentes policiales locales, los propios residentes descubrieron el cuerpo luego de varios intentos fallidos de comunicación. Al no recibir respuestas durante varias horas, decidieron ingresar a la habitación, donde hallaron al hombre sin vida.

Las primeras investigaciones apuntan a que se trataría de un suicidio. Testimonios iniciales recabados por la Policía de El Chaltén indican que el fallecido atravesaba un cuadro de depresión. El hecho ocurrió el martes 21 de octubre y, tras el hallazgo, se activó de inmediato el protocolo judicial correspondiente.

La situación se enmarca en un contexto de tensión judicial que rodea al Hotel La Aldea. El edificio se encuentra bajo investigación penal por usurpación, y en las últimas semanas, cerca de 40 familias que lo ocupan ilegalmente habían recibido notificaciones judiciales para desocupar el lugar. La medida fue impulsada por el Juzgado de Instrucción de El Calafate, que también ordenó la realización de la autopsia para determinar las circunstancias del fallecimiento.

La ocupación del hotel, conocido por su vínculo con la familia Kirchner, generó un conflicto que combina dimensiones sociales y legales. La presencia de familias en situación de vulnerabilidad, junto con la disputa por la propiedad del inmueble, ha tensionado a la comunidad local y a las autoridades.

Especialistas en derecho y urbanismo señalan que casos como este reflejan la complejidad de los conflictos de ocupación ilegal en propiedades privadas, donde se intersectan derechos de propiedad, seguridad y la protección de las personas que viven en condiciones irregulares.

Hasta el momento, las autoridades de El Chaltén mantienen el lugar bajo custodia policial, mientras la Justicia continúa con las diligencias correspondientes. La autopsia, que determinará oficialmente la causa de muerte, se realizará en las próximas horas y será clave para cerrar la investigación preliminar.

El episodio ha reavivado el debate sobre la ocupación de inmuebles vinculados a figuras públicas y la necesidad de mecanismos legales más claros para enfrentar situaciones de usurpación sin que se ponga en riesgo la vida de los ocupantes.