Paulo Domingo Silva declaró la semana pasada ante el fiscal Alejandro Gober, en el marco de la investigación que lo tiene como único imputado del delito de estafa cometida mediante el uso no autorizado de los datos de una tarjeta de débito, continuada y en calidad de partícipe primario.

Acompañado de su abogado defensor Pedro Vélez, el detenido amplió la declaración -en el inicio de la causa había optado por el silencio- y contó detalladamente cómo inició el “trabajo”, asegurando que "no sabía que lo que hacía era un delito".

Según pudo saber LA UNIÓN de fuentes de la investigación, Silva contó que comenzó con esta "actividad" de clonar los datos de las tarjetas porque una persona -a quien identificó a los investigadores- le ofreció hacer el trabajo con muy buenas comisiones.

En relación a ello, que era básicamente conseguir clientes que quisieran saldar sus deudas a un 50 por ciento, pero en efectivo, los investigadores en la visualización del teléfono celular del imputado detectaron “movimientos bancarios” por más de un millón de pesos.

Este mecanismo de pago fraudulento se materializó, tanto en esta provincia como en otras, por ejemplo, Tucumán, Córdoba y Buenos Aires.

En esos casos, del pago del 50 por ciento Silva recibía una comisión importante. El porcentaje era total, si el "cliente" lo conseguía él.

Según aseguraron los investigadores, la declaración de Silva no proporcionó a la causa datos de relevancia o nuevos, ya que todos los nombres y modus operandi de esta banda interprovincial de ciberdelitos estaban ya en conocimiento de los investigadores, obtenidos estos mediante los trabajos de inteligencia y producción de pruebas que realizaron desde la detención de Silva, el pasado 3 de marzo.

Por otra parte, en la ampliación de la declaración, el imputado le habría brindado al fiscal el nombre de una institución local, a quien con este modus operandi le habría saldado una importante deuda financiera.

Si bien -según trascendió de fuentes judiciales- la fiscalía, por el momento, no ordenó ningún tipo de medidas de arresto o detención de alguna otra persona -ya identificada por los investigadores - trascendió que no se descartan medidas de esta índole, tanto en la provincia, como en las provincias donde impactaron los pagos.

Es decir que, ante el fiscal, próximamente no solo podrían ser llevados los integrantes de esta banda de ciberestafadores, sino además, las personas que actuaron de intermediarios en la provincia y aquellas quienes aceptaron la propuesta ilegal de Silva y saldaron sus cuentas, pagando solo el 50 por ciento de lo adeudado. 

Ante este panorama, se espera que los próximos días sean importantes para la investigación y hasta quizás el expediente podría "dividirse" siendo una parte de este remitido a la justicia federal.