Un violento episodio de justicia por mano propia ocurrió en la ciudad boliviana de Bermejo, ubicada frente a la localidad salteña de Aguas Blancas, y dejó al descubierto la tensión creciente en la frontera entre Bolivia y Argentina. Una mujer, oriunda de Tucumán, fue golpeada, desnudada y escrachada públicamente por un grupo de comerciantes que la acusaban de haber participado en el robo de una suma millonaria.

Todo comenzó cuando, según denunció la propietaria de un comercio local, un grupo de personas ingresó a su local simulando ser clientes. Mientras algunos distraían su atención, otros lograron sustraer un bolso con alrededor de 5 millones de pesos argentinos. El hecho, que ocurrió en segundos, fue calificado como una operación delictiva "limpia" y bien coordinada.

Horas más tarde, una mujer fue localizada por comerciantes en un sector conocido como La Petrolera, en las afueras de Bermejo. Al ser señalada como una de las autoras del robo, fue brutalmente agredida: la golpearon, le cortaron el cabello con cuchillos y tijeras improvisadas, la despojaron de su ropa hasta dejarla en ropa interior y la arrastraron por la vía pública, exigiéndole a gritos que devolviera el dinero.

La escena fue registrada por teléfonos celulares y rápidamente se viralizó en redes sociales. En las imágenes se observa que había presencia policial en la zona, pero los agentes no intervinieron hasta que la situación se tornó incontrolable. Recién entonces la mujer fue rescatada y trasladada a la comisaría local, donde quedó detenida a disposición de la Fiscalía.

Mientras tanto, según informó el diario El Tribuno de Salta, más comerciantes se presentaron para denunciar a la misma mujer por otros robos similares ocurridos en las últimas semanas.

El hecho generó una fuerte repercusión pública y derivó en pronunciamientos desde ambos lados de la frontera. La dueña del local robado expresó su indignación ante medios radiales, al considerar que la acusada contaría con más respaldo institucional que las víctimas: "Esta mujer va a tener tres abogados: uno de oficio, uno del Consulado argentino y otro de Derechos Humanos, mientras yo tengo que pagar uno para poder denunciar", señaló.

Por su parte, los familiares de la detenida denunciaron que fue víctima de tortura y reclamaron que se respeten sus derechos y garantías procesales. Ante la gravedad del caso y la difusión masiva de los videos, el Consulado argentino en Bolivia tomó intervención.