En la jornada de ayer, efectivos de la División Investigaciones de la Policía de la Provincia llevaron a cabo un registro domiciliario en el barrio 40 Viviendas, ubicado en la localidad de Polcos, departamento Valle Viejo. Durante la operación, las autoridades secuestraron un teléfono celular iPhone 13 Pro, dispositivo que pasó a estar bajo custodia judicial para su posterior análisis.
El procedimiento se efectuó en el marco de una medida judicial respaldada por una denuncia penal, lo que refleja la coordinación entre los cuerpos policiales y el sistema judicial local en la atención de situaciones que podrían constituir delitos graves.
Origen de la denuncia: advertencia desde la comunidad educativa
La acción policial se desencadenó a raíz de una denuncia penal radicada en la Unidad Judicial Nº 10, donde un directivo de un establecimiento escolar de la localidad de San Isidro informó sobre la existencia de un grupo de WhatsApp que generaba preocupación por sus contenidos.
El chat, identificado con el nombre "CTA ACTIVA", contaba con alrededor de 300 miembros y estaba administrado por dos sujetos. Según el relato del denunciante, un alumno habría publicado mensajes y videos que contenían amenazas de supuestos tiroteos, lo que motivó la intervención inmediata de las autoridades.
Este caso pone de manifiesto la creciente necesidad de que los establecimientos educativos y las familias estén atentos a las plataformas digitales donde circulan contenidos potencialmente peligrosos para la comunidad.
Secuestro del dispositivo y actuaciones judiciales
El iPhone 13 Pro incautado durante el allanamiento fue puesto a disposición de la Fiscalía Penal Juvenil, la cual emitió las directivas correspondientes a seguir en la investigación. Este paso resulta clave para:
- Analizar el contenido del dispositivo y confirmar la existencia de amenazas.
- Identificar a los responsables de la administración del grupo de WhatsApp y su posible implicación en la difusión de mensajes violentos.
- Determinar si los mensajes publicados constituyen un delito según la legislación vigente.
La Fiscalía Penal Juvenil, encargada de los casos que involucran a menores de edad, asume un rol central en la coordinación de la investigación, asegurando que se cumpla con el debido proceso y que las medidas preventivas sean aplicadas de manera efectiva.