Cuando un grupo de policías ingresó al departamento ubicado en Libertad al 100, en pleno centro porteño, no se sorprendieron con lo que vieron. Fue la comprobación de una investigación que llevaba meses y tenía como objetivo desbaratar un prostíbulo clandestino que funcionaba día y noche en ese lugar. Cuatro habitaciones con luces tenues, una sala de espera con sillones de color, una sala tipo vestuario, preservativos y juguetes sexuales componían la escena que se completaba con un grupo de mujeres que no quería estar ahí. Habían sido engañadas por la dueña del lugar, una mujer de origen boliviano que las reclutaba, les daba el lugar y los elementos para trabajar y luego se quedaba con casi todo el dinero que recibían.

Según consta en el expediente “IPP 13125/20”, la investigación se inició semanas atrás por un llamado anónimo que alertaba sobre hombres y mujeres que ingresaban y salían del lugar sospechosamente. La persona que llamó al 911 conocía el lugar y dio detalles que fueron de interés para la causa.

Con esa denuncia sobre su escritorio, la fiscal Genoveva Cardinali, de la Fiscalía Este, junto con la Policía de la Ciudad, División delitos contra la salud y seguridad personal, y el Cuerpo de Investigaciones judiciales, comenzaron un trabajo de inteligencia para determinar cómo era el oscuro negocio que se llevaba a cabo. Los investigadores pudieron recabar que la persona que regenteaba el lugar era una mujer, de origen boliviano, que se encargaba de buscar a chicas en condiciones de extrema vulnerabilidad a las que les ofrecía un “arreglo” laboral.

“La mujer buscaba jóvenes que estuvieran en situación de calle o con problemas para subsistir y les proponía trabajar de prostitutas. Les decía que sólo tenían que poner el cuerpo, que ella se encargaba de darles el lugar, la ropa y los elementos. A cambio se quedaba con un porcentaje desmedido. Esta es una práctica habitual en ese tipo de delitos”, dijo una fuente que trabajó en el operativo.

Con estos datos, el juzgado N°31 ordenó un allanamiento al lugar ubicado en Libertad al 100, entre Talcahuano y Cerrito. Los efectivos ingresaron al lugar el martes por la tarde y encontraron a varias jóvenes repartidas en las habitaciones, a un cliente que estaba en a sala de espera y a la mujer boliviana que intentó despistar a los efectivos con un nombre falso.

Además de secuestrar preservativos y juguetes sexuales, los agentes se llevaron 3 teléfonos celulares y anotaciones manuales que se realizaban a medida que los clientes decían por teléfono que visitarían el lugar.

Del operativo participaron la dirección de Migraciones, que corroboró que muchas de las mujeres que estaban siendo explotadas en ese lugar eran extranjeras, y personal del Programa Nacional de Rescate de Víctimas de Trata, que realizó entrevistas con las mujeres que trabajaban allí para ayudarlas de alguna manera.

Recién mañana le será tomada declaración indagatoria a la única detenida que está acusada de “sostener, administrar o regentear casas de tolerancia y otros”, un delito contravencional.

“Hasta el momento la causa esta caratulada así y por eso es una contravención, aunque si se comprueba efectivamente que hubo trata de personas, la cosa es diferente y pasa a ser un delito federal. Para eso se tiene que demostrar que existió la captación, el traslado y la explotación. En este caso no se descarta en absoluto. La pena si se comprueba puede llegar a los 10 años”, explica una fuente judicial.

Si bien la mujer boliviana, de la que no se difundió la identidad, es la única detenida desde la justicia no descartan que detrás de este prostíbulo clandestino se esconda una red mucho más grande y peligrosa.