Lo que parecía ser el capítulo final de una pesadilla jurídica en territorio extranjero se ha transformado, de manera repentina, en un nuevo e inexplicable escollo para Agostina Páez. Tras meses de incertidumbre y retención en Río de Janeiro, la abogada de nacionalidad argentina recibió una noticia que sacudió sus expectativas de retorno inmediato: el mismo juez que este martes había avalado los pedidos para su repatriación, cambió drásticamente de opinión. En una resolución que ha generado estupefacción tanto en la imputada como en su entorno, el magistrado dispuso que la joven profesional no podrá salir de Brasil hasta que él dicte el fallo definitivo. Esta decisión implica, en términos prácticos, una demora de entre 15 y 20 días más de permanencia forzada en un lugar donde la ciudadana santiagueña asegura sentirse profundamente rechazada y "odiada", extendiendo un proceso que la mantiene alejada de su provincia desde el inicio del año.
La audiencia clave celebrada este martes en los tribunales brasileños había arrojado resultados que fueron calificados como "todas buenas noticias". En aquel encuentro, se determinó que la abogada argentina no iría a prisión y se dio el visto bueno para que regresara a su país. Sin embargo, el escenario dio un vuelco total este miércoles, afectando los planes de la defensa que ya coordinaba el traslado a la Argentina. El juez, a pesar de haber manifestado inicialmente que definiría la situación esta misma semana, procedió a rechazar la revocación de las medidas cautelares. Este cambio de parecer resulta particularmente inusual en el derecho penal brasileño, dado que el magistrado ha decidido ir en contra de la voluntad de quienes sostienen la acusación contra la argentina, puesto que la Fiscalía no se opuso al retorno de la santiagueña y consintió que el proceso se cerrara bajo condiciones específicas de reparación, al igual que la querella, cuyos representantes estuvieron de acuerdo en que la acusada pudiera regresar a su hogar sin esperar el dictamen final.
La causa que mantiene a la abogada santiagueña retenida en Brasil desde enero pasado se inició bajo el cargo de injuria racial. Originalmente, el panorama era sombrío para la profesional argentina, ya que enfrentaba tres denuncias independientes que elevaban la pena en expectativa a un máximo de 15 años de cárcel. No obstante, durante el proceso se logró una reconfiguración favorable de la acusación, ya que la Fiscalía redujo las tres denuncias a una sola figura de delito continuado con tres víctimas, lo que bajó la pena mínima a dos años. Asimismo, se estableció que la sanción es reemplazable por la realización de servicios comunitarios y el pago de una reparación económica. El punto de conflicto radica en que, mientras las partes acordaron que las tareas comunitarias podrían cumplirse en la Argentina tras el pago de una multa, el juez ha bloqueado la salida hasta que la sentencia quede firme.
La abogada de Páez, Carla Junqueira, expresó su indignación ante lo que considera una decisión sin precedentes contra una ciudadana extranjera en estas condiciones. En declaraciones a Infobae, la letrada manifestó que mientras preparaban la caución y los fondos para el resarcimiento, se encontraron con este revés judicial, señalando con evidente malestar que nunca en su vida profesional vio una decisión que fuera directamente contra lo que pide la propia acusación. Ante este panorama, la estrategia defensiva se ha redoblado para intentar quebrar la resistencia del magistrado a través de la presentación inmediata de un hábeas corpus para restaurar la libertad de movimiento de la argentina, sumado a la aceleración de los alegatos finales para acortar los tiempos procesales y el cumplimiento efectivo de la caución económica. El entorno de la abogada santiagueña no oculta su frustración, considerando que esta demora de último momento prolonga injustificadamente una situación de angustia que ya supera los dos meses de duración en suelo carioca.